FEDAEPS

Sobre palabras de Evo Morales en Conferencia sobre Cambio Climático, Cochabamba.

Magdalena León T. — 2010-05-17T20:18:00Z

Inusitado revuelo han causado unas palabras dichas por el Presidente Evo Morales en el discurso inaugural de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Los medios de oposición nacional e internacional les han sacado el jugo, y algunas agrupaciones LGBT circulan manifiestos en tono de denuncia, solicitando adhesiones.

¿Qué fue tan grave en sus expresiones como para levantar tal reacción? Dijo “"El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres", y enseguida describió cambios involuntarios que habían sido observados en órganos humanos como consecuencia del consumo de animales transgénicos. Se refirió a las alteraciones hormonales inducidas en los animales que, según su descripción, generarían a su vez alteraciones hormonales en las personas que los consumen. En rigor, habló sobre salud; aunque así se interprete, nada categórico dijo sobre relaciones o identidades de género o sobre orientación sexual.

Salta la pregunta ¿el uso del término ‘desviaciones' en este caso, sintetiza la posición del Presidente Evo sobre el tema de diversidad sexual, o refleja las políticas que el Estado Boliviano ha impulsado en esta materia? Un mínimo acercamiento a la información indica que no, pues tanto la Constitución vigente como las políticas públicas correlativas se orientan, más bien, al pleno reconocimiento y respeto de la diversidad sexual. Así, lo que se puso en marcha es la ‘pesca', con ánimos sensacionalistas, de una palabra, de un posible desliz verbal, para generar interpretaciones sesgadas sin considerar las otras palabras y los hechos de contexto.

Habría que tomar en cuenta, entonces, esas otras desviaciones, las que reducen toda una posición a un desliz verbal, las que, escudándose en la espectacularidad mediática, llegan a convertir las causas que en su momento han sido de avanzada en pretexto o pantalla para encauzar ataques a los procesos de transformación que, con todas las contradicciones y dificultades inherentes a los cambios históricos, avanzan en nuestra región.

Poner la lupa en una u otra expresión, en medio de tantas, elude lo medular y trascendental de la jornada de Cochabamba: la ubicación en la agenda e imaginario mundial de los Derechos de la Madre Tierra, que de algún modo cobijan en su integralidad a todas/os, y por tanto colocan un hito más precisamente hacia el reconocimiento y respeto a la diversidad inherente a todas las formas de vida. Esto sitúa un nuevo marco de avanzada para la humanidad y para sus luchas por la igualdad, al tiempo que desafía a una actualización e innovación de discursos y argumentos.

Así, más allá de los límites circunstanciales de este episodio y del debate desatado, sería interesante en verdad ver qué desplazamientos se han producido o deberían producirse en la ubicación de los elementos ‘naturaleza' y ‘cultura' para la comprensión y afirmación de la diversidad sexual. En qué medida la adopción de un nuevo paradigma o visión que reconoce el carácter indisociable de seres humanos y naturaleza lleva a reubicar las distancias que, en su momento, fue necesario enfatizar con fines políticos en la lucha contra la homofobia y la discriminación.

En el marco de esos debates anteriores, el orden natural aparecía invocado sistemáticamente por el discurso conservador para afirmar la heterosexualidad como la única ‘normal', en tanto el discurso contestatario y progresista apelaba al carácter social y cultural de la construcción de la sexualidad humana; las opciones o elecciones de las personas daban como resultado las diversidades en esta materia. Ahora estamos en condiciones de ver mejor que naturaleza y diversidad son indisociables, y que la diversidad sexual está inscrita en el orden natural, o que la sexualidad tiene unas bases biológicas y naturales de tanto peso como las socioculturales. Siendo así, las hormonas también cuentan, las del pollo y las nuestras.

*FEDAEPS / REMTE, Ecuador

100 años: luchas, rosas y otras flores

Magdalena León T. — 2010-04-01T17:12:50Z

En la relatividad cósmica e histórica del tiempo, cien años pueden ser un momento fugaz o toda una época. Los que han transcurrido desde el 8 de marzo de 1910 han sido sin duda decisivos en el devenir de la humanidad, pues han estado marcados por luchas y transformaciones inéditas de las mujeres frente a estructuras de dominación y desigualdad de siglos, especialmente agudizadas con la expansión del capitalismo.

Las que colocaron este hito celebratorio hace cien años eran ‘mujeres de rojo', socialistas cuyo protagonismo y legitimidad quedan evidenciados en al adopción mundial de su jornada de lucha y homenaje a las mujeres trabajadoras. La celebración ha seguido un trayecto rico, complejo y hasta contradictorio. Los 8 de marzo iniciales estuvieron cargados de rebeldía y espíritu revolucionario, expresaron la necesidad de emancipación de las mujeres unida al fin de la explotación de la clase trabajadora en un proyecto anti capitalista.

Con el tiempo ‘mujer trabajadora' dejó de ser sinónimo de obrera y muchas más se sintieron aludidas con ese apelativo; más tarde ha devenido en el día de las mujeres, como señal de confluencia de todas, con sus luchas y agendas diversas.

Hoy que los universales se cuestionan por su carga colonial, éste tiene sentido, se sostiene en la evidencia de que en casi todos los rincones del planeta han persistido o se han instaurado prácticas patriarcales, machistas y de subordinación hacia las mujeres. No ha sido, sin embargo, una expansión siempre coherente. Neoliberalismo por medio, en las dos últimas décadas los extremos de vaciamiento de sentido y banalización comercial se muestran en la entrega de rosas en medio de almuerzos, cenas o tés.

Pero esta corriente no ha ganado la batalla. Luego de cien años, el legado de las luchas de tantas conocidas y anónimas dibuja otra realidad para las mujeres y se reencuentra con el sentido radical que le dio origen. En un contexto de búsqueda de cambio civilizatorio, la agenda de las mujeres no se queda en un reclamo de derechos o de igualdad siguiendo un modelo masculino de humanidad, sino que busca reinterpretar y revalorizar sus aportes y experiencias específicas, aquello que han construido a pesar de la dominación y la injusticia y que se torna la clave de una civilización diferente.

Así, anudar la economía, la cultura, la historia alrededor de la vida, de su reproducción ampliada, es parte de la práctica de las mujeres en muchas latitudes y una tesis central del feminismo, que cobra singular vigencia en la búsqueda del Buen Vivir.

Las novedades de este marzo reflejaron esa recuperación de sentido: la agenda registró desde el inicio de una campaña pública contra el machismo hasta el reclamo graffittero de ‘más derechos, menos flores'. Dio sus primeros pasos la iniciativa ‘Mujeres por el Buen Vivir', que adopta la flor de chocho como su símbolo -recuperando estas ‘otras' flores, cercanas a quienes nos han alimentado por siglos- que acompañó con su tono lila tanto un ciclopaseo en Quito, como una feria feminista en Loja o un panel en Guayaquil. Es decir el despliegue de nuevas rebeldías y de nuevos desafíos de transformación.

Publicado en el diario El Telégrafo, el día 28 de marzo de 2010.

Cambiar la economía para cambiar la vida

Magdalena León T. — 2009-08-25T21:44:00Z

Sin duda un cambio ineludible para dejar atrás el neoliberalismo tiene que ver con los modos de hacer economía y definirla. Hoy no se trata sólo de desplazar el control o las decisiones de un grupo hegemónico a otro, ni siquiera sólo de ‘desprivatizar' esas decisiones, sino de afrontar transformaciones de fondo que lleven de una economía centrada en la acumulación y la tiranía del mercado, hacia una orientada a la sostenibilidad de la vida, la justicia y la democracia. Esto supone cambios en la matriz productiva, en las visiones y políticas acerca de quiénes y cómo hacen economía, de qué y cómo producir, qué y cómo consumir, de cómo, en última instancia, reproducir la vida.

La vida como eje y categoría central de la economía aparece en experiencias y en discursos de diversa trayectoria, aunque no siempre en ‘estado puro'. Está en la visión y práctica de los pueblos originarios (que se recoge ya en la formulación de sumak kawsay), hace parte de todas las formas de trabajo y producción – reproducción orientadas a la subsistencia (que en nuestra economía diversa conviven con las regidas por la acumulación), en las propuestas de economía solidaria (con sus alcances de modelo alternativo), en la economía del cuidado humano (protagonizada por mujeres en condiciones de subordinación); constituye el centro de las formulaciones feministas de la economía y adquiere singular fuerza y sentido contemporáneo en la economía ecológica.

Todas ellas han fluido e influido en el proceso constitucional, en la común búsqueda de una transición que es inaplazable, si lo que importa es la gente y la naturaleza. Interpelan los sentidos comunes creados sobre desarrollo, progreso, modernización, crecimiento, ‘sectores productivos', trabajo, pobreza, lo económico y lo social, al tiempo que ubican otras nociones.

Alimentar este debate resulta ahora de suma utilidad, pues los contenidos innovadores de la Constitución tendrán sentido si se traducen en leyes, normas, políticas públicas y prácticas sociales.

En estas líneas se trata de recoger algunos temas vinculados con ese debate, en buena medida presente en la coyuntura constitucional ecuatoriana.

2. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

En la búsqueda de un modelo alternativo, que sustituya al nombrado como ‘economía social de mercado' [1], la economía social y solidaria ha aparecido con esos alcances paradigmáticos, no apenas como un sector o como un conjunto de experiencias asociativas.

Esta es una respuesta al recorte y homogenización de la economía que se profundizó en la era neoliberal, con fuerte arraigo en el discurso de globalización de mercado. Una tensión relevante en estos años tiene que ver con la definición de quiénes y cómo hacen economía; se proyectó ésta como un proceso autónomo que sigue una ruta invariable, cuyos productos o resultados no se generan colectivamente, sino que, en el mejor de los casos, se disputan en la distribución y redistribución, a través de políticas fiscales y sociales, o incluso que destilan por las vías de la ‘responsabilidad social empresarial'. Se ancló una perspectiva recortada a ‘empresas', ‘empleados', ‘desempleados' e ‘informales'; o en términos más gruesos a ‘empresarios' y ‘pobres', con un Estado residual.

Esa visión se instaló en las políticas públicas y en los imaginarios sociales, con lo que otras formas de producción y trabajo pasaron a ser vistas como atrasadas o temporales, como respuestas a las crisis (invariablemente invocada en nuestros países), como expresiones de informalidad que deberían resolverse adoptado formas empresariales. El nombre de ‘empresa' y ‘emprendedores' extendidos hacia las más mínimas iniciativas de producción y servicios –que en realidad movilizan ante todo trabajo y otros recursos no monetarios- dan cuenta de la ilusión de una economía basada en el capital.

La apelación a la economía social y solidaria es una manera de reconocer o hacer visible la economía diversa realmente existente, con sus múltiples relaciones, lógicas, tensiones y protagonistas. Permite ver las formas de producción y trabajo que se organizan para la subsistencia y la reproducción, algunas de largo trayecto como la comunidad o el taller artesanal, otras más recientes como las cooperativas, otras sólo recién vistas como entidad económica, tal el caso de los hogares.

También sirve para cuestionar ecuaciones que se han impuesto como verdades absolutas: inversión = producción, producción = empresa [2], así como la competencia vista como motor y valor central. Esto, entre otras cosas, ha expresado la idea de que el dinero, en sí, resume la posibilidad de producir y constituye el fin del ciclo económico [3].

Así mismo, devuelve centralidad al trabajo y contribuye a recomponer el nexo entre producción y consumo, lo que a su vez sirve para ver las tensiones y contradicciones derivadas de la idea –insostenible- de la ampliación y diversificación ilimitada del consumo.

Por otro lado, señala un ‘deber ser' para las transformaciones. Toma distancia con la acumulación como finalidad, del interés particular como motor de la economía; reubica el dinero, el negocio y la ganancia como medios, no como fines; afirma la posibilidad de conjugar diversas lógicas de producción y trabajo, ante todo recuperando prácticas y saberes que se han mostrado capaces de mantener equilibrios y sustentabilidad, todo lo cual es clave de cara a la subsistencia y para garantizar la reproducción de ciclos de vida, en el sentido más amplio.

3. ECONOMÍA DEL CUIDADO

Este enfoque analítico y político, construido desde la economía feminista, combina una crítica a la economía convencional y la propuesta de alternativas para colocar como prioritario y hacer viable el cuidado humano en condiciones de igualdad, para reconocer las dimensiones reproductivas de la economía que son indisociables de las productivas.

El cuidado humano supone tiempos, espacios y relaciones en los que se desarrollan trabajos y actividades que producen bienes, servicios y atención necesarios para la reproducción cotidiana y generacional de la gente, de las colectividades –no sólo de la fuerza de trabajo-. Esto ocurre en una lógica no mercantil, en la que priman móviles de subsistencia, altruismo, reciprocidad, afectos, aunque en medio de las asimetrías de la división sexual del trabajo y la desvalorización de lo reproductivo.

Los ciclos del cuidado humano se han asentado fundamentalmente en los hogares y en el trabajo no remunerado de las mujeres -en condiciones de subordinación fundantes de otras desigualdades-, pero están en estrecha interrelación con el mercado y los procesos de acumulación.

Desnaturalizar el trabajo de cuidados como algo inherente a lo femenino y de carácter secundario, supone hacer visibles esos procesos, registrar y cuantificar, revelar los modos y lugares donde se producen. Así, se ha visto que el trabajo de cuidados gratuito realizado por las mujeres ocurre no sólo en los espacios del hogar, sino en los interfamiliares y comunitarios, se da en los servicios públicos como ‘complemento' (por ejemplo en hospitales y asilos), o como base (figuras de ‘madres comunitarias' o similares); también se deslocaliza junto con los procesos de globalización de mercado, dando lugar a las llamadas ‘cadenas internacionales del cuidado'.

La economía del cuidado incluye el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado en los hogares y otros múltiples espacios, y el cuestionamiento de la división sexual del trabajo, pero va más allá, al proponer otra mirada sobre la reproducción como ámbito que debería regir la organización de la economía en su conjunto, como prioridad. Así, propone desde un cambio en la medición del PIB, hasta modificaciones sustanciales en las retribuciones por el trabajo –más allá de la noción de salario-, en el esquema de los presupuestos públicos, y en los objetivos mismos de la planificación y la política pública.

Interpela también uno de los mitos de la economía convencional –especialmente la neoclásica-, esto es la existencia de ‘individuos autónomos' que actúan en los mercados y toman decisiones racionales en función de su interés. En realidad, todos los seres humanos somos interdependientes, aunque esto ocurra en condiciones de desigualdad.

Hay dimensiones de la dependencia que se ven y magnifican, otras que no se aprecian. Los hombres aparecen como independientes en función de la propiedad que detentan o los ingresos que perciben, sin tomar nota de su necesidad básica de cuidados (materiales y simbólicos). Mientras tanto, se tiende a presentar a las mujeres como económicamente dependientes del ingreso de otros o del dinero en sí, sin tener en cuenta cuánto depende la generación de riqueza e ingresos de su trabajo y contribuciones, sin ver que la presencia y comportamiento en los mercados supone hoy, entre otras cosas, subsidios ocultos desde la esfera de la reproducción, desde esa economía no valorada que permite precios ‘bajos' del trabajo y de algunos productos.

En suma, la economía del cuidado aporta una visión más integral, justa y dinámica de la economía, a situar otras prioridades, así como a la redefinición de políticas y servicios públicos en función de la vida humana.

4. PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA

Los principios de soberanía, solidaridad, cooperación, reciprocidad, complementariedad, se invocan cada vez con más frecuencia. Son piedra angular de la economía feminista, y se han convertido en el fundamento de las propuestas nuevas o alternativas de la integración regional, entre otras.

Se trata de principios que no están sólo en un pasado o en un futuro ideales; en distintos grados, acompañan y explican prácticas y relaciones del presente, lo que habla de su viabilidad como fundamentos de transformación –pues a menudo se alude a su dimensión utópica.

Uno de los cuestionamientos recurrentes tiene que ver, por ejemplo, con la aplicación de la complementariedad. Así, se pregunta cómo pueden ser complementarios los países o economías de la región si tienen estructuras productivas similares. Esa es una lectura de mercado, que centra la atención sólo en los productos, no ve dimensiones más amplias de la economía y de la geopolítica.

Frente a una complementariedad de los productos, puede situarse una complementariedad entre países, colectividades y personas con posesiones y capacidades diferentes, que se complementan en procesos de cambio, que juntan fuerzas y debilidades en un proyecto común de transformaciones, para eliminar injusticias y crear otros equilibrios.

En los mercados, una complementariedad dinámica puede reemplazar a la llamada competitividad dinámica. La búsqueda de condiciones de infraestructura y de procesos ideales para bajar costos de producción y así lograr mejor posición en el mercado no implica alejarse del principio destructivo y egoísta de eliminación del otro, exacerbado en la globalización neoliberal. En cambio, la complementariedad dinámica puede llevar a construir esas condiciones ideales para producir e intercambiar con ventajas compartidas, siempre provisionales, sujetas a nuevos equilibrios de vida.

También, llevada al terreno de la reproducción y el cuidado humano, permite cuestionar esquemas fijos e injustos de supuestas complementariedades ‘naturales' con roles fijos, para ir hacia un flujo de cuidados compartidos, mutuos, entre personas condiciones y situaciones cambiantes, entre ámbitos públicos y privados [4].

La complementación geopolítica es indispensable precisamente para cambiar una matriz productiva reprimarizada –en función del saqueo-, y construir esquemas alternativos, que lleven hacia otras complementariedades económicas, en lo productivo y en lo reproductivo.

En un proceso de cambios, resulta clave la complementación de formas de propiedad, que contribuya a relativizar la centralidad asignada a la propiedad privada, a ponerle límites y controles. En tanto derecho y principio absoluto, ésta opera hoy como una amenaza para la vida en sus diferentes formas.

5. HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

La noción de sostenibilidad de la vida, como antítesis a la acumulación y el lucro sin fin, se elabora en el marco de la economía feminista aludiendo a la vida humana, pero bien puede extenderse a todas las formas de vida, que son en verdad indisociables entre sí. El sostenimiento de la vida puede operar como un principio organizador que lleve a equilibrios en todos los ámbitos de la economía, vista también en su integralidad.

Así, las condiciones y límites para la extracción de recursos naturales, que toca ya extremos de la inviabilidad bajo los imperativos del mercado, sólo pueden definirse teniendo en cuenta un nuevo equilibrio entre formas de vida, su restauración y garantía de continuidad.

Asuntos como la inversión y los servicios públicos requieren considerar como central el ciclo de la vida humana, con sus necesidades cambiantes y específicas. No será posible resolver lo que se ha reconocido ya como la ‘crisis del cuidado' sin construir un nuevo equilibrio entre formas de trabajo –que supere la división sexual del trabajo-, entre producción y reproducción, entre público y privado. Esto incluye una revisión a fondo del modelo nuclear o individualizado de hogares y unidades domésticas, con dotaciones de infraestructura y servicios que, al basarse en recursos no renovables como agua y petróleo, no podrán ni generalizarse ni sostenerse a corto plazo.

Desde luego la producción y el mercado pueden redefinirse para sostenerse en función de la vida. Por ejemplo, la formación de precios y su función, que en general se orienta a obtener el máximo de ganancia inmediata, puede redefinirse para garantizar la continuidad de la producción o servicios en juego, la continuidad del abastecimiento necesario para la vida de la gente o para el cuidado de la naturaleza.

Organizar la producción, la reproducción y los intercambios para que todas las formas de vida se reproduzcan y perduren en las mejores condiciones, con justicia e igualdad, es plenamente afín y compatible con el ‘buen vivir' enunciado en la Constitución de 2008, se conjuga también con las soberanías recuperadas y nuevas (nacional, alimentaria, energética, financiera); la sostenibilidad de la vida puede señalar un camino práctico para su efectiva aplicación.

BIBLIOGRAFIA

Acosta, Alberto

“El «buen vivir» para la construcción de alternativas”,

http://asambleaconstituyente.gov.ec…

Asamblea Nacional Constituyente

Constitución Política de la República del Ecuador, Quito, 1998

Asamblea Constituyente

Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 2008

Carrasco, Cristina

“La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?”, en Mujeres y trabajo: cambios impostergables, Magdalena León T. (comp.), REMTE – CLACSO, Porto Alegre, 2003.

León T. Magdalena

“Ecuador: la economía solidaria en la búsqueda de un ‘nuevo modelo'”, ALAI, Quito, 2008.

“Desafíos para una Integración con igualdad: la perspectiva de las mujeres”, ALAI, Quito, 2006

Picchio, Antonella

“Un enfoque macroeconómico «ampliado» de las condiciones de vida”

OPS / OMS FONASA, Santiago de Chile, 2001

Shiva, Vandana, Manifiesto para una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz, Paidós, España, 2006

[1] Según la Constitución de 1998.

[2] Políticas públicas han estimulado la creación de empresas, creando un marco para la proliferación de ‘empresas de papel', dedicadas a la especulación o directamente a la estafa, en tanto han asfixiado con esos esquemas empresariales a otras formas productivas.

[3] Idea alimentada por varias vías; basta ver cómo, por ejemplo, los periódicos y otros medios pasaron a denominar sus secciones de economía como ‘negocios' o ‘dinero'.

[4] Se alude al privado familiar y personal, no al de la propiedad.

Publicado en El buen vivir, Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp.), Ed. Abya-Yala, Quito 2009

Derechos Sexuales y Reproductivos

Magdalena León T. — 2009-07-09T22:31:00Z

La sexualidad y la reproducción están al inicio de toda relación humana, sin embargo solo a finales del siglo XX los derechos y libertades de estos han comenzado a delinearse tanto internacional como nacionalmente. Al ser reconocidos estos derechos en la nueva Constitución del Ecuador, éste pasa a pertenecer a los pocos países que reflejan en su carta de principios este rubro de avances civilizatórios. Reconstruir el proceso que permitió este avance, dando especial importancia al protagonismo de los movimientos que lo impulsaron y continúan haciéndolo, es de gran significado para los autores de esta publicación.

FEDAEPS, 2a edición, Quito, 2007, 122 páginas.

Contenidos:

Estado, sociedad y derechos sexuales reproductivos en el Ecuador: una aproximación
Magdalena León T.

Los cambios constitucionales: visiones de un protagonista
Martha Cecilia Ruiz

Derechos sexuales y sociedad: construyendo espacios para la diversidad en América Latina
Oscar Ugarteche

Anexos

Constitución Política de la República del Ecuador:
selección de artículos sobre derechos sexuales y reproductivos y otros relacionados

Propuesta para el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en la nueva constitución

El ‘buen vivir': objetivo y camino para otro modelo

Magdalena León T. — 2009-07-07T17:18:00Z

1. Introducción

La noción de ‘buen vivir' preside la Constitución de 2008 y circula en el espacio que trazan sus 444 artículos. Siguiendo el orden del nuevo texto constitucional, el preámbulo señala: “(Decidimos construir) una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. Luego, en el Título II, el capítulo segundo se denomina ‘Derechos del buen vivir'; más adelante da nombre al Título VII: ‘Régimen del buen vivir'.

A lo largo de todo el texto se evoca el término más de veinte veces. No se trata de una mera reiteración, esto da cuenta de su papel de principio ordenador que permite anudar los aspectos innovadores y aquellos de continuidad y hasta de inercia que se conjugan en la nueva propuesta. Expresa la búsqueda de un salto cualitativo para lograr una Constitución holística, integral, a la altura de los tiempos y sus desafíos de cambio.

Esta categroría que empieza a aparecer en las constituciones del siglo XXI en la región[1], es sin duda una de las más ricas, de las más contemporáneas en esta fase mundial y generalizada de búsqueda de alternativas. Sintetiza visiones y prácticas ancestrales, debates y propuestas actuales, el acumulado de pensamiento crítico y luchas sociales de décadas recientes; junta dinámicas nacionales e internacionales de respuesta al ‘modelo de desarrollo' y al ‘modelo de civilización' que han conducido a una situación ya reconocida como insostenible.

Como toda visión innovadora, su aplicación en el caso ecuatoriano refleja las variadas lecturas o interpretaciones que admite y requiere, pero no es ajena a aspectos de la realidad, de un aquí y ahora que habla de las posibilidades para su concreción.

El ‘buen vivir', inseparable de la categoría ‘diversidad', ha mostrado su utilidad para responder al sentido de urgencia del cambio que motivó el proceso constituyente, y para orientar transformaciones estratégicas, no menos urgentes pero que tiene un plazo más largo de maduración. Por eso se vuelve al mismo tiempo un objetivo y un camino.

En estas páginas se procura esbozar una visión de los aspectos más destacados del ‘buen vivir' en la nueva Constitución, en cuanto a sus alcances para superar el neoliberalismo y para delinear un modelo económico alternativo, en este caso inseparable de otro modelo de sociedad.

2. Brevísima referencia al contexto internacional

Puede decirse que el ‘buen vivir' aparece como posible paradigma alternativo con el nuevo siglo, cuando la proliferación de ‘post' es el indicio más contundente de crisis y agotamiento, pero sin llegar a articular una salida o respuesta: desde el post-neoliberalismo y post-desarrollo, hasta la post-ciencia y post-universidad.

En estos años inmediatos, las evidencias incontrastables sobre el fenómeno de ‘calentamiento global' provocado por el modelo depredador impuesto en casi todo el planeta, han motivado un consenso mundial antes eludido: la necesidad de transitar hacia otros modos de producir, consumir y organizar la vida[2].

Previamente, la inconveniencia del formato neoliberal con su tesis de mercantilización de la vida a escala global, había llevado incluso a la revisión del Consenso de Washington, para introducir algunos ajustes en el afán de tornarlo viable. El Banco Mundial llegó a señalar: “Han fracasado los intentos de desarrollo basados en el protagonismo del Estado, pero también fracasarán los que se quieren realizar a sus espaldas. Sin un Estado eficaz el desarrollo es imposible”[3]. Estos reacomodos, que ocurren desde hace ya una década, indican las incertidumbres que tocan hasta las esferas del poder mundial.

El cambio que ahora se busca es al mismo tiempo urgente y profundo. Boaventura de Sousa Santos caracteriza este momento como paradójico: “Por un lado, existe un sentimiento de urgencia, de que es necesario hacer algo ya ante la crisis ecológica que puede llevar al mundo a colapsar; ante desigualdades sociales tan intensas que no es posible tolerar más (…) pero por otro lado, hay un sentimiento casi opuesto: las transformaciones que necesitamos son de largo plazo, son civilizacionales. No es posible cambiar todo ahora, porque para ello no basta tomar el poder; es necesario transformar este Estado moderno, cuya crisis final fue producida por el neoliberalismo (…) Este planteamiento hoy es común en varios países del continente, y quizás también en Europa aunque por razones diferentes.”[4]

Al tiempo que ocurre esta búsqueda, desde el dinamismo de su acción colectiva, la cosmovisión y la práctica de los pueblos indígenas -donde se origina el concepto-, fueron cobrando interés y legitimidad como alternativa ya no sólo para ellos mismos, sino para todas/os. Esto supone un giro en la ‘colonialidad del poder' que instaló como referentes universales el pensamiento y las políticas producidos en el Norte.

Por otra parte, el paradigma del ‘buen vivir' resulta convergente y se nutre de análisis y propuestas avanzadas ya desde hace décadas por la economía feminista y la ecologista, que han cuestionado las nociones de economía y riqueza en sus formas predominantes clásica y neoclásica, y que postulan la sostenibilidad ambiental y humana como centrales e indisociables[5].

El ‘buen vivir' en su formulación básica pone el acento en la relación armónica e integral entre los seres humanos y la naturaleza. Dice Alberto Acosta: “El ‘buen vivir' nace de la experiencia de vida colectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas. Busca la relación armoniosa entre los seres humanos y de estos con la Naturaleza… Es un elemento fundamental para pensar una sociedad diferente, una sociedad que rescate los saberes y la tecnologías populares, la forma solidaria de organizarse, de dar respuesta propia…”[6].

3. Alcances generales y utilidad en la Constitución ecuatoriana

Una primera constatación: el término ‘buen vivir' no destaca en las principales propuestas que fueran encaminadas hacia la ANC, si bien algunas de ellas aluden a sus elementos fundamentales[7]. Este se adopta, va tomando forma y adquiriendo sentido en el proceso de diálogos, debates y definiciones de las diversas mesas y del pleno. Tal proceso puso en evidencia los límites de nociones que hasta ahora aparecían como casi naturales e insustituibles: progreso, crecimiento, desarrollo, bienestar. Los desafíos de cambio superaron esas nociones[8], abriendo paso a la novedad del ‘buen vivir'.

Se convirtió así en un medio para responder a expectativas previas y para dotar de unidad y coherencia al extenso conjunto de enunciados resultantes. Veamos, brevemente, estos alcances:

Sirve para superar la “disfuncionalidad existente entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución”[9] (del 98), problema que había sido señalado desde múltiples voces, que reconocieron la importancia de los avances en derechos junto con su inviabilidad marcada, en definitiva, por las orientaciones neoliberales predominantes en las otras secciones. El riesgo de reincidencia no se produjo: la visión integral que se adopta ahora marca la conexión entre los derechos del ‘buen vivir' (art. 12-34) y el régimen del ‘buen vivir' (art. 340-394), a su vez correlacionado con el régimen de desarrollo, la soberanía económica, la participación. Las referencias cruzadas son insoslayables: derechos y responsabilidades, el ‘buen vivir' es objetivo de la economía –vista ahora en su amplitud y diversidad, en sus dimensiones productiva y reproductiva-, y preside la acción del Estado.
La ‘disfuncionalidad' citada no era apenas un problema técnico. Fue el reflejo de una visión que separó de manera tajante lo económico de lo social, asignando a cada campo, de manera arbitraria actores y atributos.

Responde al desafío de “revertir las condiciones de explotación de las dos principales fuentes de riqueza social: los seres humanos y la naturaleza”[10]. Esta explotación, exacerbada bajo el neoliberalismo, deviene del objetivo central de acumulación inherente al capitalismo, pero a su vez se remite a una disociación entre seres humanos y naturaleza, tiene un antecedente ‘civilizatorio' que cobija a ese sistema económico, que supone la fragmentación de la vida, la confrontación con la Naturaleza, el no reconocimiento de la común pertenencia a un mismo sistema de vida.

Permite esbozar una respuesta concreta a la ‘exclusión' económica y social que se percibe como el fenómeno más acuciante para la mayoría de la población. Esa exclusión tiene dimensiones materiales y simbólicas que se derivan del no reconocimiento o de la estigmatización de las diversas racionalidades económicas, productivas y reproductivas que existen en el país y de sus protagonistas, de la riqueza social y cultural de su sociedad. El ‘buen vivir' parte, necesariamente, de un reconocimiento positivo de la realidad, valora que lo alternativo ya tiene una expresión presente que debe ser vista y fortalecida; implica una visibilidad de todas las personas y colectividades desde sus aportes y potencialidades, no sólo desde sus carencias.

Desde el reconocimiento y fortalecimiento de las diversidades, le pone freno al proyecto neoliberal de apropiación y control hacia todos los ámbitos de la vida, que conlleva la eliminación de modos de convivencia, de relación económica y social inseparables de otras formas relación con la naturaleza.

Conecta la Constitución en todas sus partes, sirve de ‘paraguas' incluso para manejar algunas inconsistencias –en general menores- que se filtran inevitablemente en el extenso articulado.

4. Régimen de desarrollo, planificación y soberanías

El régimen de desarrollo registra cambios e innovaciones fundamentales, abre caminos inéditos, si bien quedan también elementos inerciales en su formulación.

Los avances reflejan, en buena medida, varias de las propuestas. Así, las izquierdas habían identificado entre otros, estos elementos como decisivos: crear condiciones de reproducción de las distintas formas de economía que caracterizan al país; la reducción de las asimetrías distributivas; la reconfiguración soberana de la institucionalidad económica; la inclusión productiva de la economía popular y el reconocimiento del trabajo familiar como productivo. Se refirió también a las soberanías alimentaria y energética[11].

La propuesta del Gobierno Nacional fue coincidente en lo sustantivo y señaló que: “Este sistema económico está dirigido a la producción y distribución de bienes y servicios, la preservación del medio ambiente y el desarrollo cultural y tecnológico, y las distintas formas de producción y distribución, incluidas las formas locales de producción y reproducción social.”[12]

De su lado, el Movimiento de Mujeres había propuesto una economía “soberana y solidaria”: un sistema económico incluyente, basado en relaciones de producción y reproducción equitativas, bajo principios de soberanía, solidaridad, igualdad, redistribución, justicia social, económica y ambiental. Postuló la prioridad de las necesidades humanas, el bienestar colectivo y la economía del cuidado; el apoyo a las distintas modalidades de iniciativa económica; el reconocimiento de la interrelación y similar importancia de los ámbitos productivo y reproductivo; el reconocimiento y retribución a todas las formas de trabajo[13].

Mientras, la CONAIE enfatizó en una economía ligada al desarrollo humano, democracia económica, justicia social, solidaridad, complementariedad, eficiencia y calidad.

En todos los casos, si bien con matices, la planificación y la recuperación de lo público destacaron como eje de los cambios, con un alcance que no llegó a ser totalmente asumido en la nueva Constitución. “El Estado tiene la función de dirigir globalmente la economía mediante la planificiación democrática…” señaló la propuesta de la CONAIE. Las izquierdas asigna un rol central a la planificación participativa y descentralizada y a la propiedad pública de recursos y empresas estratégicos. La planificación aparece también como la vía de reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad productiva y económica “El sistema nacional de planificación creará condiciones para el desarrollo propio de cada sector y para su complementariedad”[14].

En la nueva Constitución, los 64 artículos[15] que componen el Régimen de Desarrollo (título VI) no se circunscriben al sistema económico, contienen una visión integral inédita, que parte de su concepto:

“El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”. Se definen deberes tanto del Estado como de la sociedad para la consecución del ‘buen vivir'.

Grandes tópicos estructuran este título que abarca asuntos cruciales: la planificación participativa; los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas; la soberanía alimentaria; la soberanía económica; el trabajo y la producción.

El sistema económico, como parte del régimen de desarrollo, es caracterizado como “… social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a la relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”[16]

Cabe anotar que aquí el mercado no se redimensiona o redefine, no es aludido como mecanismo para el intercambio que puede tener expresiones diversas, sino como un ámbito en sí mismo, como institución económica que persigue la acumulación, el lucro, el interés privado.

Esta reubicación del sistema económico como parte del régimen de desarrollo y su común vínculo con el ‘buen vivir' conlleva, cuando menos, una ampliación del objetivo de la economía: esta no queda atada a un ideal normativo de acumulación, sino que se asocia a la sostenibilidad humana y ambiental, como de hecho ocurre en la realidad.

Son innovaciones destacadas: los nuevos conceptos de soberanía alimentaria y económica, la reconceptualización de trabajo y el reconocimiento de todas sus modalidades, incluido el de autosustento y cuidado humano; el reconocimiento de la diversidad de formas de producción, de propiedad, de intercambios económicos. Las formas y modalidades asociativa, comunitaria, cooperativista, popular, solidaria pasan a ser vistas además de la pública, privada y mixta.

Constituyen avances de fondo los enunciados sobre democratización de los factores de producción, la nueva perspectiva sobre endeudamiento e inversiones. Se delimita la deuda para que no siga operando como un perverso instrumento de subordinación y saqueo: pasa a ser una fuente complementaria de financiamiento, con regulaciones y límites; se reconocen la auditoría integral, la figura de ilegitimidad de la deuda y su impugnación, entre otros aspectos a no dudarlo pioneros a nivel mundial.

No llega a formularse de manera explícita la soberanía financiera, pero queda sobreentendida en los enunciados sobre deuda y en los referidos a inversión: se promueve y protege el ahorro interno como fuente principal de la inversión; la inversión extranjera directa se promueve, pero como complementaria y sujeta a prioridades y normativas del país; la inversión pública se vincula con los objetivos del régimen de desarrollo. El giro respecto del 98 es sustantivo, pues entonces consagró la garantía por igual a capitales nacionales y extranjeros, y señaló que el Estado podrá establecer garantías y seguridades especiales en contratos celebrados con inversionistas.[17]

Tanto desde la planificación, como desde la definición de sectores estratégicos, se devuelve al Estado un rol fundamental en la economía y en la redistribución, a diferencia de lo que ocurrió en el 98, cuando la acción económica del Estado pasó a ser residual.

Los vínculos del buen vivir, de la economía y la producción con los conocimientos, las ciencias y las tecnologías se establecen desde múltiples entradas. Por primera vez aparecen estos como elemento estratégico, vistos de manera plural, pues se alude sistemáticamente también a los saberes ancestrales.

Las posibilidades de cumplimiento efectivo de los roles del Estado se fortalecen a través de la adopción de ‘sistemas' (de planificación, de inclusión y equidad social, de salud, de educación, etc.). Es un Estado que tiene ante sí el desafío no sólo de planificar y regular, sino de garantizar a la población el acceso a servicios que han recuperado o adquirido carácter universal y gratuito, como la educación por ejemplo.

Se trata, en suma, de un amplio conjunto de innovaciones, cuyos pilares son la afirmación de soberanía, la recuperación de lo público y de los roles estratégicos del Estado, la desprivatización y el reconocimiento de democracia y diversidad económicas.

5. Derechos, libertades y actoras/es: desafíos y cambios en conflicto

Mucho se ha insistido en el carácter ‘progresista' de los derechos consagrados en la Constitución del 98. Esta apreciación general no repara en que entre ellos se encontraban algunos formulados en clave neoliberal: libertad de empresa, de contratación, derechos de propiedad, de trabajo, de consumo. Estos se complementaban con conceptos o denominaciones repetidos a lo largo de ese texto. Por ejemplo, la denominación de ‘empresa', o ‘sector privado', se impusieron a todas las iniciativas, actividades o unidades económicas.

Esos derechos se cuentan entre los temas polémicos y sensibles en el actual camino constitucional, al punto que, en algún caso, su reformulación quedó, por así decir, a medio camino. Un repaso rápido de los antecedentes y resultados arroja este balance:

* Derecho a desarrollar actividades económicas.

La Constitución del 98 consagraba: ‘La libertad de empresa, con sujeción a la Ley' (art. 23). El proyecto del CONESUP matizó el enunciado: ‘La libertad de empresa, con responsabilidad social y sujeción a la ley' (art. 20). Por su parte, la propuesta de la CONAIE establecía ‘La libertad de empresa, con sujeción a la ley y a los objetivos de la organización económica fijados en esta Constitución (art. 13, 5).

En las propuestas del Movimiento de Mujeres y de las izquierdas prevalece otra perspectiva, la del reconocimiento de las diversas modalidades o racionalidades de la economía, de las lógicas productivas, de las formas de trabajo y propiedad. De ahí, y en concordancia con el nuevo concepto de régimen de desarrollo, deriva la redefinición plasmada en el actual enunciado:

“El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental” (art. 66, 15).

Pueden entenderse aquí comprendidas todas las formas de hacer economía, no sólo aquellas que tienen como base y finalidad al capital (es decir las empresas). Esto se complementa con la sustitución del término ‘empresa', que atravesaba el texto del 98, por el más general e incluyente de ‘unidad económica', cuando es del caso.

. Derechos del trabajo

La Constitución del 98 dice: “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia” (art. 35).

Este derecho se había mantenido en los límites de los “derechos constitucionales que tradicionalmente han precautelado las relaciones entre trabajadores y empleadores”[18], enfoque aún presente en las propuestas del CONESUP, la CONAIE y las izquierdas (que comparten textos casi idénticos), aunque esta última, cuando habla del modelo económico señala la necesidad de proteger a los trabajadores, multiplicar las iniciativas de economía del trabajo, y reconocer también el trabajo familiar como trabajo productivo.

La propuesta del Movimiento de Mujeres apunta a salir de este marco del derecho al trabajo como sinónimo de empleo en relación de dependencia. Propone que el trabajo es la base de la economía, plantea el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y reproductivo.

Los nuevos enunciados sobre trabajo representan un avance verdaderamente histórico:

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía….” (art. 33); y “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de las labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores” (art. 325).

Colocar el trabajo como base de la economía supone el reconocimiento de un hecho básico, pero también contribuye a revertir prácticas y valoraciones especulativas y depredadoras asociadas al mercado. Reconocer todas las formas del trabajo y su carácter productivo hace justicia histórica con ámbitos, personas y colectividades que habían sido despojados de su estatus económico y de los derechos correlativos.

* Derechos de propiedad.

La Constitución del 98 trata lo referido a propiedad en los derechos sociales económicos, sociales y culturales (art. 30 -34). Admite variadas formas pero no las nombra; señala su función social aunque no la define, contempla la expropiación, reconoce la propiedad intelectual ‘en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes'.

Le asigna el rol de ‘procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo'. Es decir, ser propietarias/os se vuelve una condición de acceso al desarrollo. Señala también que estimulará la ‘propiedad de los trabajadores en las empresas, por medio de la transferencia de acciones o participaciones', noción que resume una perspectiva neoliberal de democracia económica, que curiosamente será replicada en algunas de las propuestas posteriores.

En términos progresistas, garantiza ‘igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción' y en la toma de decisiones para la administración de la propiedad.

Las propuestas actuales reafirmaban en unos casos y en otros rompían el molde. Así, en la del CONESUP se avanza en la definición de ‘función social' y se matiza la propiedad intelectual –sin cuestionar su alcance e implicaciones- asignando al Estado ‘el registro de la propiedad intelectual, que proteja y salvaguarde los derechos intangibles de los pueblos indígenas, cholos y afroecuatorianos'.

En la propuesta de la CONAIE se hace idéntico avance en la definición de ‘función social' en tanto se mantienen invariables los enunciados de propiedad intelectual del 98. Ninguna de ellas menciona la igualdad de género frente a la propiedad.

Las propuestas de cambio de fondo se refieren principalmente al reconocimiento de diversas formas de propiedad (Movimiento de Mujeres, las izquierdas, Gobierno Nacional), y también a la eliminación del estatus constitucional de la propiedad intelectual.

La propuesta del Gobierno Nacional puso además el acento en el “reconocimiento del derecho a la propiedad, ampliándolo, de tal manera que en el mediano plazo se convierta al Ecuador en una sociedad de propietarios y productores”. El enunciado resulta ambiguo ¿se trata de una visión redistributiva o de una confirmación del principio de propiedad privada como eje de la economía y de la sociedad?

El nuevo texto, sometido a revisiones y negociaciones, reconoce: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas” (art. 66, 26). La propiedad se retoma luego como parte del régimen de desarrollo[19].

En conjunto, en esos artículos se contemplan avances importantes y se mantienen invariables otros, por ejemplo los alcances de la expropiación y la propiedad intelectual (aunque introduce alguna excepción). Se comprometen políticas públicas para el acceso, pero sin colocarlas con claridad en función de su democratización; se avanza en el reconocimiento de la ‘función ambiental', sin definir ni ésta ni la social; se reconoce de manera explícita diferentes formas de propiedad y se profundiza el enunciado sobre igualdad de género.

Aspectos relativos a propiedad se abordan también en otras secciones. Queda ratificada la propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado sobre los recursos naturales no renovables[20], al igual que la de las nacionalidades y pueblos indígenas sobre sus territorios.

Propuestas redistributivas se encuentran en democratización de los factores de producción, donde se promueve un acceso equitativo, para lo cual se deberá ‘evitar la concentración o acaparamiento…promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades…” (art. 334, 1). Lo mismo en soberanía alimentaria, donde se asigna como responsabilidad del Estado “promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos” (art. 281, 4).

La dimensión más débil de estas formulaciones tiene que ver con la contraparte de límites a la propiedad, con lo cual permanece como categoría y valor absoluto. Estos límites son sin duda necesarios desde la perspectiva y en función del ‘buen vivir'.

* El consumo como derecho

Este destaca entre los derechos que deberían ser inseparables de responsabilidades y límites, siguiendo la perspectiva del ‘buen vivir', lo que no se encuentra claramente ubicado para este caso.

Así, dentro de los ‘Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria'[21] aparece una sección dedicada a las ‘personas usuarias y consumidoras'. Ya a primera vista esto llama la atención, pues se trata de un sector de carácter diferente a aquellos que aquí se refieren, más aún al constatar la reiteración del contenido del 98, el consumo con máximos: calidad y libertad, pero sin límites para quienes consumen. Esto no concuerda con las responsabilidades asignadas en el régimen de desarrollo que aluden a “producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental” (art. 278).

Además, vale recordar que está de por medio una noción neoliberal de consumidores que ha suplantado a ciudadanos, y también ha oscurecido el carácter principal o simultáneo de productoras de personas y colectividades. Igualmente, el fenómeno denominado consumismo es uno de los factores más relevantes en la depredación, contaminación y desigualdad que aquejan al mundo; es decir, se precisa complejizar el enfoque sobre el consumo, pues deberá traducirse en acciones y políticas tanto para garantizar acceso como para regularlo y limitarlo en función de los derechos de la naturaleza, entre otros.

* Derechos de contratación

En la Constitución del 98 se consagra “La libertad de contratación, con sujeción a la ley” (art. 23, 18). El enunciado es idéntico en las propuestas del CONESUP y de la CONAIE.

En la nueva Constitución no se añaden límites o controles, más bien se elimina la mínima referencia de sujeción a la ley: “El derecho a la libertad de contratación” (art. 66, 15). Quedan implícitas, además, las interrelaciones con otros derechos.

6. Perspectivas

Las constituciones, en general, combinan visiones, derechos y normas que en unos casos reflejan o reconocen realidades, en otros se adelantan a ellas, y en otros quedan rezagadas. Esta no es la excepción, pero desde la noción integradora de ‘buen vivir' se hacen compatibles y complementarias la constatación de la realidad y las aspiraciones de cambio.

Para promover cambios es preciso aterrizar en la realidad. La Constitución nombra, visibiliza, reconoce y compromete apoyo para una realidad económica caracterizada por la diversidad de protagonistas, de formas de trabajo y propiedad, de lógicas de producción. Asume una perspectiva de democratización y justicia económicas, en la cual la recuperación de lo público (estatal y no estatal) constituye un requisito, pues es necesario superar desigualdades y desequilibrios que se gestan y arraigan bajo el predominio del mercado y el interés privado.

Al nombrar el sistema económico como ‘social y solidario' se hace al mismo tiempo una constatación y se expresa un objetivo de futuro. En buena medida las iniciativas y prácticas económicas de parte de la población se basan en el trabajo y buscan satisfacer necesidades de vida, no acumular riquezas.

La perspectiva del ‘buen vivir' lleva a borrar o diluir los límites entre ámbitos acordados convencionalmente con distintos, como separados: la sociedad, la economía, la cultura. Por tanto, invita a reubicar a la economía como parte de un sistema único en el que es inseparable de la sociedad, de la cultura, y de la naturaleza misma, no como un campo escindido, separado, con una lógica diferente, ajena al cuidado de la vida. A su vez, desde el reconocimiento de la diversidad, lleva a valorar la dimensión económica de actores y dinámicas vistas sólo como sociales.

La vida y el vivir han sido colocados como asuntos centrales: conectan tiempos, experiencias, visiones de futuro. Desde su pluralidad, tensiones y contradicciones, el desafío es encontrar el cauce institucional y social para transformaciones que proyecten el ‘buen vivir' incipiente, embrionario de hoy hacia un futuro cierto.

Referencias bibliográficas

Acosta Alberto

“El «buen vivir» para la construcción de alternativas”,

http://asambleaconstituyente.gov.ec…

Asamblea Nacional Constituyente

Constitución Política de la República del Ecuador, Quito, 1998

Asamblea Constituyente

Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 2008

Carrasco, Cristina

“La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?”, en Mujeres y trabajo: cambios impostergables, Magdalena León T. (comp.), REMTE – CLACSO, Porto Alegre, 2003.

Comisión de Juristas CONESUP

Proyecto de nueva Constitución Política del Ecuador, Quito, octubre 2007

CONAIE

Nuestra Constitución por un Estado Plurinacional, Quito, octubre 2007

Gobierno Nacional

Propuesta del Gobierno Nacional para la Nueva Constitución, julio 2007, www.presidencia.gov.ec.

ILDIS – La Tendencia

Las Izquierdas y la Constituyente. Programa Constitucional, Quito, 2007

Movimiento de Mujeres del Ecuador

Agenda de las Mujeres para la Nueva Constitución Ecuatoriana, Quito, enero 2008

Prensa Bolivia

“Bolivia, entre la historia y los anhelos del pueblo

La nueva Constitución Política del Estado: Guía de lectura y aclaraciones necesarias”, http://alainet.org/active/22648〈=es

Sousa Santos, Boaventura de

“Las paradojas de nuestro tiempo y la plurinacionaldad”, conferencia dictada en la Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi, marzo 2008 (texto inédito).

Zurbriggen, Cristina

“La ‘falacia tecnocrática' y la reforma del Estado. A 10 años del Informe del Banco Mundial”, en Revista Nueva Sociedad, No. 210, Caracas, 2007

[1] Consta ya en la Constitución boliviana aprobada en 2007, como ‘vivir bien'.

[2] Consenso ya antes logrado entre los crecientes sectores críticos, que han impulsado iniciativas de alcance planetario como el Foro Social Mundial.

[3] Informe del Banco Mundial 1997, citado por Zurbriggen, 2007.

[4] Sousa Santos, 2008.

[5] Carrasco, Cristina, 2003.

[6] Acosta, Alberto, 2008.

[7] Hacia la ANC fluyeron decenas de propuestas y centenares de delegaciones, pero aludimos aquí y en adelante a aquellas que sobrepasaron lo sectorial y reivindicativo para repensar y redefinir el país como un todo: ILDIS, 2007; CONESUP, 2007; CONAIE, 2007; Gobierno Nacional, 2007; Movimiento de Mujeres, 2008.

[8] A pesar de las constantes reconceptualizaciones (alguien ha estimado en alrededor de quinientas) del desarrollo o de la asignación de apellidos: ‘con equidad', ‘sostenible', ‘humano', etc.

[9] ILDIS, 2007, p. 3

[10] ILDIS, 2007, p.2

[11] ILDIS, 2007, pp. 8 – 9

[12] Gobierno Nacional, 2007

[13] Movimiento de Mujeres, 2008

[14] ILDIS, 2007, p. 16

[15] Art. 275 -339

[16] Art. 283

[17] La famosa ‘seguridad jurídica' entendida de manera unilateral (art. 271).

[18] ILDIS, 2007, p. 49.

[19] Art. 321 – 324

[20] Art. 408

[21] Título II, Capítulo Tercero, que agrupa derechos asociados con situaciones antes entendidas como de ‘vulnerabilidad', dadas las limitaciones o privaciones que las caracterizan: personas con discapacidad, adultas/os mayores, entre otras.

*Artículo publicado en Análisis: Nueva Constitución, ILDIS – La Tendencia, Quito, agosto 2008

Presidentes feministas

Magdalena León T. — 2009-03-20T15:41:00Z

Este titular no es una ironía o una ficción futurista. Hace pocas semanas, gente de todo el mundo escuchó decir a presidentes latinoamericanos que se sienten identificados con el feminismo, que no conciben una transformación estructural, un cambio socialista que no sea feminista. Los presidentes fueron Hugo Chávez y Rafael Correa, quienes junto a Fernando Lugo y Evo Morales compartieron un intercambio con dirigentes sociales e intelectuales, en el marco del Foro Social Mundial (Belém, 2009). Vale resaltar este hecho, verdaderamente significativo, en estos días del mes de las mujeres.

¿Cuán feministas pueden ser estos presidentes? ¿Cuánto, en verdad, han interiorizado de esas visiones y propuestas, las han hecho suyas y las aplican en su día a día de ejercicio del poder? La respuesta no es obvia, se necesitarían ‘más datos' para ensayarla. Pero más allá de esa confirmación de autenticidad que muchas quisieran tener, desde un escepticismo quizá justificado, la declaración en sí misma es relevante por la intención y el compromiso que refleja y, ante todo, porque muestra que feminismo dejó de ser ‘mala palabra' para, en los proyectos y búsquedas de cambio, reconocerse como uno de los pilares de una sociedad nueva, de una economía diferente, de otra América Latina.

No es, claro, una mutación espontánea o gratuita: de por medio está todo un universo de luchas, vidas entregadas, iniciativas en todos los terrenos impulsadas por las mujeres. Hemos llegado hasta aquí sumando acciones e ideas en todos los frentes, para que se nos abran espacios y derechos como seres humanos –algo tan básico-, para que se reconozca el machismo y el patriarcado como problemas de sociedad, para que se hagan visibles los múltiples aportes de las mujeres en el cuidado de la vida, en la preservación de saberes, en la creación y continuidad de lazos y prácticas sociales con lógicas constructivas, en los modos más humanos de hacer política.

También el tiempo decisivo que atravesamos pone su cuota para revalorizar el feminismo, pues temas largamente secundarizados por su feminización se han tornado estratégicos: la alimentación, que se formula con sus alcances de soberanía alimentaria; el cuidado y la reproducción de ciclos de vida humana y natural; el trabajo como base de la economía; las relaciones basadas en la reciprocidad, la solidaridad, la cooperación. Resulta imposible, así, no valorar las propuestas de una economía para la vida que se han gestado en el campo feminista.

Quienes estuvimos en ese encuentro de Belém, pudimos compartir esa sensación colectiva de que estamos de verdad en el siglo XXI –a veces lenguajes, políticas, acciones nos devuelven al XIX o antes y nos hacen dudar de los tiempos-, que estamos pisando firme en un camino de cambios, que en nuestro territorio se están produciendo revoluciones inéditas, sin que las apreciemos en su magnitud y significado.

Fueron unas pocas palabras, nunca antes pronunciadas por presidentes en América Latina –y quizá en el planeta-, que resumieron el espíritu de esta época que junta cosechas y nuevos desafíos, para avanzar en transformaciones que ya son una urgencia en la agenda de la humanidad.

Invasión a Iraq

Alejandra Adoum, Magdalena León T. — 2008-10-12T22:57:00Z

Esta publicación recoge las ponencias presentadas en la Jornada de Reflexión "Un mundo sin guerras e posible", realizada en Quito el 27 de marzo de 2003, por iniciativa de FEDAEPS y el Foro Social Mundial - Ecuador.

La Jornada tubo el propósito de debatir sobre las multiples implicaciones de la guerra de invasión contra Iraq, sobre sus móviles, sentido y perspectivas. Para ello se contó con la voces, también múltiples, de personas de variados ámbitos y trayectorias, con una gama de visiones que van desde la académica hasta la militante, la política, la ciudadana; con lenguajes que van desde el literario y filosófico, hasta el basado en "datos duros". Voces diversas de mujeres y hombres que comparten un compromiso con la paz, con el pensamiento crítico, con la busqueda de alternativas.

La vigencia y utilidad de estos anáñlisis y pronunciamientos se confirma en estos días en que, por error de buena o mala fe, se repite que la guerra a terminado, cuando lo que se ha cumplido es apenas el comienzo de "una larga campaña como no hemos visto ninguna otra jamás", según anuncio de sus propios gestores.

Todas y cada una de las ponencias aportan informaciones, análisis, visiones para poner en perspectivalos acontecimientods que prosiguen, al parecer indetenibles, y que afligen e indignan al mundo, que ha expresado de varias maneras solidaridad, vocación pacifista, dignidad, anhelos de cambio. Es una energía universal que ratifica la convicción de que Otro Mundo es Posible, al mismo tiempo motor y utopía que sustenta al Foro Social Mundial.

FEDAEPS, Quito, 2003, 132 páginas.

Contenidos:

Panel I
El nuevo orden mundial subyacente al conflicto

La guerra de los múltiples negocios
Alberto Acosta

La guerra de la información y la comunicación
Sally Burch

La guerra perpetua por al hegemonía impperial
Alejandro Moreano

Panel II
Poder militar versus legalidad internacional

Bush-Blair: La concepción maqueavélico-hobbesiana
del orden internacional
Fernando Bustamante

La dimensión militar del conflicto
Jorge Brito

¿Qué pasó con las Naciones Unidas?
Aase Smedler

Panel III
Guerra, ética y Derechos Humanos

La guerra petrolera en Iraq y su posible impacto ambiental
Elizabeth Bravo

¿Etica en momentos de guerra?
Paco Velasco

Por una ética de la responsabilidad
Elsie Monge

Panel IV
La voz ciudadana por la paz

"Estamos en la mira"
Leonidas Iza

La opinión pública mundial: Fundamental fuerza opositora
Alexandra Ayala Marín

Un mundo sin guerra es posible
Irene León

Sheriff por mandato de Dios
Jorge Enrique Adoum

Anexo

Manifiesto del Foro Social Mundial - Ecuador
Por el cese inmediato de la invasión a Iraq

Mujeres contra el ALCA

Irene León, Magdalena León T. — 2008-10-12T21:15:00Z

El ALCA no es sólo un acuerdo comercial con mayor alcance geográfico, sino un instrumento de "nuevo tipo", que tiene implicaciones para la economía toda, para los Estados y para la vida de la gente en la región. Sus enunciados definen, de manera explícita e implícita, un modelo económico y geopolítico que compromete el desarrollo, la soberanía, la democracia y el futuro mismo de nuestros países.

Por eso -y aún si tratara sólo de comercio en el sentido convencional- la mirada y la posición de las muejeres no puede quedar circunscrita a los aspectos o impactos sociales y laborales, asumiéndolo como un hecho dado o inevitable. Las definiciones estratégicas en juego llaman a considerar las directas implicaciones económicas y políticas, la relación sustantiva y específica entre mujeres, economía y Estado, más aún en un ordenamiento económico que se organiza y funciona sobre la base de desigualdades e injusticias de género.

A través de los textos que se recogen en esta publicación pueden visualizarse algunas de las principales implicaciones y consecuencias del ALCA para las mujeres, y aportes a las propuesta de alternativas. Son documentos de corte analítico, político y testimonial, basados tanto en reflexiones como en vivencias; reflejan la amplitud de las miradas y posiciones de las mujeres, las experiencias de algunos contextos nacionales, y por supuesto la pluralidad de enfoques que siempre enriquece el debate.

FEDAEPS, Quito, 2002, 192 páginas.

Contenido

Introducción
Magdalena León T.

¿A quien le conviene el ALCA?
Alma Espino

Otra integración es posible: Soberanía sí, ALCA no
Sarah Anderson

ALCA: ¿De qué derechos estamos hablando?
Irene León

Aproveche la oferta: El ALCA remata los medios
de comunicación
Elvira Truglia

Pueblos indígenas contra el ALCA:
Otra mirada de la integración
Blanca Chancoso y Martha Cecilia Ruiz

El contexto de las luchas de las mujeres del campo
Itelvina Massioli

La agricultura debe estar fuera del ALCA
Francisco Rodríguez

Integración económica y migración:
Políticas restrictivas en tiempos de libre comercio
Martha Cecilia Ruiz

El mundo no es una mercancía, las mujeres tampoco
Nalú Faría

Argentina: Desregulación, crisis e impactos
sobre el mercado de trabajo
Norma Sanchís - Liliana Casanovas

Bolivia: Los impactos del ALCA en las mujeres
Elizabeth Peredo

Anexos

Encuentro Hemisférico de la Lucha contra el ALCA
Declaración Continental de Mujeres

Alternativas para las Américas
Por el derecho a la comunicación:
La batalla por los medios ciudadanos

Mujeres rurales contra el ALCA
Declaración Política de las Mujeres del
Campo y de la Pesca

Otra América es posible
Declaración Contra el ALCA de las Mujeres de Brasil

Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres
Parlamentarias de las Américas
Declaración sobre los Impactos del ALCA y la
Integración Hemisférica en la Vida de las Mujeres

La lucha frente al ALCA y los Derechos Humanos
Declaración de Bruselas

Democracia y diversidad económicas: un esbozo de las transformaciones constitucionales

Magdalena León T. — 2008-08-12T21:34:00Z

Introducción

Bajo la noción integradora del ‘buen vivir', la Constitución de Montecristi propone redefiniciones y cambios económicos que responden al imperativo de desactivar el neoliberalismo y transitar hacia un nuevo ‘modelo', hacia un sistema económico ‘justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable' (Art. 276, 2).

Un primer paso transformador ha sido reconocer y nombrar la realidad, lo que es en sí un cambio indispensable para desatar transformaciones de fondo. La propuesta visibiliza y revaloriza la economía ‘realmente existente', en su diversidad de modalidades y protagonistas; también muestra las interrelaciones de lo económico con lo social, cultural y ambiental.

Este registro de la realidad lleva, necesariamente, a redefinir objetivos y prioridades de la economía, a prever caminos hacia su democratización. Supone también revalorizar a todas las personas desde sus aportes, en algunos casos restituirles su calidad actoras/es económicos, superando el estigma de ser vistas/os sólo desde las carencias.

En el extenso articulado, estas redefiniciones no se ubican en un solo título, capítulo o sección, están en distintos lugares, con variados alcances e incluso con alguna tensión o contradicción. Procuramos en estas líneas identificar, de manera esquemática, los enunciados relevantes de esta visión de cambio económico, que consideramos tiene como bases la diversidad y democratización.

1. Definiciones y objetivos generales.

Una mirada al índice lleva ya a apreciar el cambio de perspectiva, las innovaciones, la prioridad concedida a las personas, las colectividades, los derechos y el buen vivir; la economía se mueve en ese marco.

En el título II, los ‘derechos del buen vivir' comprenden 22 artículos, empezando por los nuevos sobre agua y alimentación. El Régimen de Desarrollo (título VI) exhibe capítulos y secciones que indican nuevos contenidos: planificación participativa, soberanía alimentaria, soberanía económica, formas de trabajo y su retribución, democratización de los factores de producción, intercambios económicos y comercio justo.

El Régimen del Buen Vivir (título VII), establece sistemas para garantizar derechos, inclusión y equidad, considerando salud, educación, seguridad social, ciencia y tecnología, entre otros, e integra los artículos referidos a biodiversidad y recursos naturales.

El sistema económico se ubica como parte de la soberanía económica, que junto con la planificación participativa, la soberanía alimentaria, los sectores estratégicos, el trabajo y la producción integran el Régimen de Desarrollo. Este se define como ‘el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, el sumak kawsay' (Art. 275). La pluralidad y la interrelación caracterizan este enunciado.

El sistema económico es caracterizado como ‘social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a la relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir' (Art. 283).

En directo vínculo con el ´buen vivir´ consta el enunciado pionero de Derechos de la Naturaleza: ‘La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos' (Art. 71). Esto introduce un cambio sustantivo en la noción de ‘recursos' aplicado hasta hoy, que ha propiciado su explotación, depredación y destrucción.

2. Reconocer para cambiar: ¿quiénes y cómo hacen economía?

La más obvia y general noción de economía alude a las actividades y relaciones que permiten la producción y la distribución de bienes y servicios para atender necesidades humanas, las cuales varían en el tiempo y en contextos determinados. La economía es así inherente a la vida y a la humanidad toda, pues sin esa ‘materialidad' el devenir social y cultural, el flujo de la existencia personal y colectiva serían imposibles.

En tiempos neoliberales esta noción ha sido suplantada, en el discurso y en las políticas, por una que recorta o delimita la economía al mercado, el dinero, la acumulación y el enriquecimiento, dejando fuera toda la variedad y complejidad de relaciones y actividades que derivan en la generación de bienes y servicios, sean estos o no mercantilizados, y a sus protagonistas; las categorías de empresas, empresarios y negocios se han impuesto como las únicas válidas, con la correspondiente sobre representación empresarial en el poder y en las decisiones.

Ahora se reconoce y nombra la economía como es, en sus dimensiones productiva y reproductiva, en su amplitud y diversidad. Así:

* Se establece ‘el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental' (Art. 66, 15), en lugar del enunciado del 98: ‘la libertad de empresa, con sujeción a la ley' (Art. 23, 16).

* Se utiliza, sistemáticamente, la denominación de ‘unidades económicas' o ‘unidades productivas' en lugar del génerico ‘empresas' usado en el 98 -salvo donde es pertinente mantenerlo-.

* Se reconocen diversas formas de organización económica: ‘pública, privada, mixta, popular y solidaria' incluyendo los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Art. 283).

* Así mismo, se visualizan diversas formas de organización de la producción ‘… entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas' (Art. 319).

* Son de suma importancia los enunciados sobre trabajo. Por un lado se lo redefine como derecho social y derecho económico y como base de la economía (Art. 33), y por otro se reconocen es ‘todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de las labores de autosustento y cuidado humano', y de todas las trabajadoras y trabajadores como actores sociales productivos (Art. 325). Ya no hay trabajo estigmatizado como ‘informal', o trabajo invisible como el no remunerado, especialmente de las mujeres, pues además se reconoce específicamente ‘como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares'.

* De cara a la igualdad económica de género, son relevantes para las mujeres no sólo los avances específicos sobre trabajo y acceso a recursos, sino el reconocimiento de la existencia e igual importancia de los ámbitos productivo y reproductivo de la economía; el desconocimiento previo ha operado como base de la división sexual del trabajo y de las desigualdades derivadas.

* Las formas comunitarias de economía se refuerzan con lo previsto en derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, donde se consigna el respeto y promoción de ‘sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural' (Art. 57, 8).

* El sistema financiero también amplía su ámbito, pues ‘…se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario´ (Art. 309), este último integrado a su vez por ‘cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro' (Art. 311).

3. Las decisiones económicas

La democratización de estas decisiones tiene como eje la planificación participativa del desarrollo. Esto supone tanto una recuperación del Estado, de su institucionalidad y roles, como la clara definición de mecanismos de participación de la sociedad.

Se trata de salir del autoritarismo del mercado para ir hacia unas decisiones asumidas en función de objetivos estratégicos del país, de prioridades consensuadas, de procesos que se vinculen a las realidades y necesidades de las sociedades, desde los niveles locales hasta el nacional.

Un país con soberanía recuperada y fortalecida define su rumbo económico. Deber primordial del Estado es “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (Art. 3, 5).

Se establece un sistema nacional descentralizado de planificación participativa (Art. 279), que incluye consejos ciudadanos. La planificación se convierte en el eje de la acción pública y en el referente para los demás sectores.

El régimen de competencias (Arts. 260-269) contempla atribuciones de planificación para todos los niveles de gobierno, desde las juntas parroquiales hasta los gobiernos regionales autónomos, que luego se articulan con el nivel nacional.

Se prevén mecanismos de participación social para: elaborar planes nacionales, locales y sectoriales, definir agendas de desarrollo, mejorar la calidad de la inversión pública, elaborar presupuestos participativos (Art. 100).

Para otras decisiones se señalan incentivos o límites, por ejemplo las decisiones sobre qué producir se vinculan con varias alusiones al fomento de la producción de alto valor agregado, generadora de empleo digno, ambientalmente limpia. Por ejemplo, se determinan ‘incentivos para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables' (Art. 285, 3); o se compromete el ‘fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado' (Art. 334, 4)

Los alimentos son claramente una prioridad al asumir la soberanía alimentaria como objetivo estratégico (Art. 281), con el compromiso estatal de proteger el sector agroalimentario y pesquero nacional.

También se consignan criterios para decidir sobre prioridades de la inversión pública: educación, salud y justicia (Arts. 26 y 286)

Desde otra perspectiva, se reconocen o fortalecen decisiones de actores económicos que han afrontado relegamiento histórico, como los pueblos indígenas y las mujeres. Por ejemplo, para decidir sobre la explotación de recursos no renovables ubicados en territorios de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, se establece el mecanismo de consulta previa (Art. 57, 7).

4. El acceso a recursos y la redistribución

Democratizar el acceso a recursos resulta inseparable del fortalecimiento de lo público y estatal, en función del interés colectivo.

Por eso es fundamental la definición de sectores estratégicos sobre los que el Estado tiene control y decisión exclusivos. Se trata de sectores que ‘por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política y ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social'. Se cuentan entre ellos los recursos naturales no renovables, los hidrocarburos, la biodiversidad, el agua.

También resulta clave la responsabilidad estatal de proveer servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura (Art. 314).

A través de la política económica y la política fiscal, el Estado asume los objetivos de una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios.

También asume un activo compromiso a través de desarrollo de políticas para ‘evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades' (Art. 334, 1).

Otro medio democratizador son las compras públicas, que se orientará con prioridad a la producción nacional, en especial de pequeñas unidades económicas y redes asociativas.

Por su parte, el sistema financiero público tiene, entre otras, la función de democratizar el crédito.

Sobre los ingresos generados por el trabajo, se señala que ‘la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos necesidades de la persona trabajadora, así como las de su familia' (Art. 328). Se establece el salario básico de aplicación obligatoria y revisión anual.

En cuanto a la propiedad, se reconoce ‘El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental' (Art. 66, 26). Estas formas son ‘… pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta' (Art. 321).

En función de la soberanía alimentaria se promoverán ‘políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, el agua y otros recursos productivos' (Art. 281, 4), al tiempo que ‘se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes' (Art. 282).

Las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas tienen derechos a la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, a la posesión de territorios ancestrales, y a participar en ‘el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras'

En el caso de las mujeres, se garantiza la igualdad de derechos ‘en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal'. Se contempla el desarrollo de ‘políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción”.

Hay recursos cuya importancia relativa se matiza. Por ejemplo, el endeudamiento público tendrá carácter residual y complementario, sujeto a la planificación, soberanía, respeto de derechos y controles públicos y sociales. Igualmente, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, sujeta a similares controles y criterios.

5. En suma…

Lo expuesto no llega a cubrir ni agotar las amplias y complejas redefiniciones sobre economía que, en conjunto, reorientan principios, objetivos, prioridades, instituciones, protagonistas.

Pero no estamos ante cambios a ser iniciados desde cero, pues en buena medida lo que se hace es una aproximación a la economía diversa realmente existente y a sus potencialidades, señalando un camino para superar desigualdades e injusticias, desde las complejidades y posibilidades que abre el ‘buen vivir'.

Artículo publicado en la revista Entre Voces #15, Grupo Democracia y Desarrollo Local, Quito, agosto/septiembre 2008.

Igualdad Economica Para Las mujeres: Cambios constitucionales y perspectivas

Magdalena León T. — 2008-08-08T21:09:00Z

1. Antecedentes y contexto

El proceso de cambio constitucional que vive el Ecuador ocurre en una coyuntura de transformaciones de fondo en el país y en la región. Se busca cambiar el país, cambiar el modelo de economía y de sociedad.

En esa búsqueda, la visión feminista encuentra un singular espacio. Converge con propuestas que aparecen como nuevas (‘buen vivir'), se revaloriza, dado que la crisis ya se reconoce no sólo como del neoliberalismo, sino del modelo ‘civilizatorio'. Ya no se puede eludir que son inaplazables cambios de fondo en los modos de producir, de consumir, de organizar la vida. Postulados feministas de una economía orientada al cuidado de la vida, basada en la cooperación, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, se ponen al día. No son sólo propuestas de las mujeres para las mujeres, sino de las mujeres para los países, para la humanidad.

De cara a la igualdad económica para las mujeres, una agenda básica en estos tiempos supone:

Ir de la economía como contexto a la economía como campo de decisiones ciudadanas. El neoliberalismo consolidó la visión de una economía que sigue un curso evolutivo que inevitablemente lleva hacia la globalización, por ejemplo, y en cuyo marco lo máxima aspiración era integarar derechos vistos como ‘sociales' (incluso los llamados DESCA).

Disputar la economía, en sus definiciones y recursos. No sólo ubicarnos en ese escenario como empleadas o consumidoras, sino en las definiciones básicas de qué y como producir, como distribuir, como organizar la reproducción.

Recuperar el trabajo como categoría fundamental y derecho económico, y la atención a necesidades humanas como objetivo central de la economía.

Recuperar y fortalecer la soberanías (nacional, económica, alimentaria, energética, financiera), lo público y los roles económicos del Estado.

Desprivatizar los servicios ligados al cuidado de la vida y al impulso a la producción.

Salir de la trampa de la empresa como modelo, como actor económico, social y político ideal y privilegiado, como sinónimo de unidad económica por excelencia y como la única capaz de generar empleo. En la región la organización económica tiene otras modalidades. El Estado cada vez más aparecía como un mediador entre las demandas locales y las empresas. Cuando se mira la economía desde las empresas, queda invisible la división sexual del trabajo y gran parte de la vida económica de nuestros países.

Abrir y complejizar la noción de economía popular y solidaria.

Una Constitución que cambie el país, supone mucho más que la sumatoria de derechos sectorialmente considerados; implica visualizar cuáles son la economía y la sociedad capaces de hacer realidad los derechos de las mujeres y de extenderlos para lograr la igualdad.

En esa perspectiva, la Agenda de las Mujeres para la Nueva Constitución propuso:

Economía soberana y solidaria: una economía para la vida

Proponemos un sistema económico incluyente, basado en relaciones de producción y reproducción equitativas, bajo principios de soberanía, solidaridad, igualdad, redistribución, justicia social, económica y ambiental. La economía debe atender prioritariamente las necesidades humanas y el bienestar colectivo, debe valorar y apoyar las distintas modalidades de iniciativa económica. Es indispensable reconocer la interrelación y similar importancia de los ámbitos productivo y reproductivo, asumir la economía del cuidado como prioritaria, garantizar el reconocimiento y retribución a todas las formas de trabajo. Es preciso potenciar y revalorizar las prácticas económicas colectivas e intercambios que las mujeres y los pueblos y nacionalidades han ido generando en los espacios de desarrollo, y que resultan estratégicos de cara al logro de la soberanía alimentaria.

2. Cuáles son los pasos en ese sentido, cuáles los avances?

Siguiendo el orden del nuevo texto constitucional, el preámbulo señala: “(Decidimos construir) una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.

Este nuevo paradigma del ‘buen vivir' resulta convergente y se nutre de análisis y propuestas avanzadas ya desde hace décadas por la economía feminista y la ecologista, que han cuestionado las nociones de economía y riqueza en sus formas predominantes clásica y neoclásica, y que postulan la sostenibilidad ambiental y humana como centrales e indisociables [1].

El ‘buen vivir' en su formulación básica pone el acento en la relación armónica e integral entre los seres humanos y la naturaleza.

Este concepto preside, organiza y articula el conjunto de 444 artículos. Esto tiene especiales connotaciones para las mujeres, pues permite esbozar una respuesta concreta a la ‘exclusión' económica y social que se percibe como el fenómeno más acuciante para la mayoría de la población. Esa exclusión tiene dimensiones materiales y simbólicas que se derivan del no reconocimiento o de la estigmatización de las diversas racionalidades económicas, productivas y reproductivas que existen en el país y de sus protagonistas, de la riqueza social y cultural de su sociedad. El ‘buen vivir' parte, necesariamente, de un reconocimiento positivo de la realidad, valora que lo alternativo ya tiene una expresión presente que debe ser vista y fortalecida; implica una visibilidad de todas las personas y colectividades desde sus aportes y potencialidades, no sólo desde sus carencias.

Para promover cambios es preciso aterrizar en la realidad. La Constitución nombra, visibiliza, reconoce y compromete apoyo para una realidad económica caracterizada por la diversidad de protagonistas, de formas de trabajo y propiedad, de lógicas de producción y reproducción. Asume una perspectiva de democratización y justicia económicas, en la cual la recuperación de lo público (estatal y no estatal) constituye un requisito, pues es necesario superar desigualdades y desequilibrios que se gestan y arraigan bajo el predominio del mercado y el interés privado.

El régimen de desarrollo registra cambios e innovaciones fundamentales, abre caminos inéditos, si bien quedan también elementos inerciales en su formulación.

Los 64 artículos [2] que componen el Régimen de Desarrollo (título VI) no se circunscriben al sistema económico, contienen una visión integral inédita, que parte de su concepto:

Son innovaciones destacadas: los nuevos conceptos de soberanía alimentaria y económica, la reconceptualización de trabajo y el reconocimiento de todas sus modalidades, incluido el de autosustento y cuidado humano; el reconocimiento de la diversidad de formas de producción, de propiedad, de intercambios económicos, del sistema financiero. Las formas y modalidades asociativa, comunitaria, cooperativista, popular, solidaria pasan a ser vistas, en todos estos campos además de la pública, privada y mixta.

Constituyen avances de fondo los enunciados sobre democratización de los factores de producción, la nueva perspectiva sobre endeudamiento e inversiones. Tanto desde la planificación, como desde la definición de sectores estratégicos, se devuelve al Estado un rol fundamental en la economía y en la redistribución.

Se trata, en suma, de un amplio conjunto de innovaciones, cuyos pilares son la afirmación de soberanía, la recuperación de lo público y de los roles estratégicos del Estado, la desprivatización, el reconocimiento de democracia y diversidad económicas, y la visibilidad de la igualdad económica para las mujeres.

3. Derechos: algunas redefiniciones relevantes

. Derecho a desarrollar actividades económicas

La Constitución del 98 consagraba: ‘La libertad de empresa, con sujeción a la Ley' (art. 23).

En las propuestas del Movimiento de Mujeres prevalece otra perspectiva, la del reconocimiento de las diversas modalidades o racionalidades de la economía, de las lógicas productivas, de las formas de trabajo y propiedad. De ahí, y en concordancia con el nuevo concepto de régimen de desarrollo, deriva la redefinición plasmada en el actual enunciado:

“El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental” (art. 66, 15).

. Derechos del trabajo

Este derecho se había mantenido en los límites de los “derechos constitucionales que tradicionalmente han precautelado las relaciones entre trabajadores y empleadores”. La propuesta del Movimiento de Mujeres apuntó a salir de este marco del derecho al trabajo como sinónimo de empleo en relación de dependencia. Propuso que el trabajo es la base de la economía, planteando el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y reproductivo.

Los nuevos enunciados sobre trabajo representan un avance verdaderamente histórico:

Este enfoque democratizador del trabajo se refuerza en los enunciados relativos a inclusión y no discriminación, igualdad de género, derechos reproductivos en el espacio laboral.

De cara al trabajo reproductivo no remunerado, no se trata ya sólo de hacerlo visible, ni de otorgarle en el papel un estatus productivo, sino de considerar las condiciones que harán posible llevar el enunciado a la realidad, es decir, ver la economía en su integralidad, ver las dimensiones reproductivas del sistema económico, y reconsiderar los objetivos de la economía, perspectiva presente en el régimen de desarrollo.

. Derechos de propiedad

Aspectos relativos a propiedad se abordan también en otras secciones. Queda ratificada la propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado sobre los recursos naturales no renovables [5], y el al igual que la de las nacionalidades y pueblos indígenas sobre sus territorios.

4. Desafíos

Conocimiento y apropiación de los nuevos enunciados y contenidos, vistos en sus interrelaciones e integralidad.

Afirmar una posición de cambio del país, de transformaciones que nos lleven a superar el neoliberalismo y el patriarcado, lo cual supone ver las conexiones de los derechos con el modelo.

Visualizar una agenda para derivar hacia políticas públicas e iniciativas sociales los avances logrados.

[1] Carrasco, Cristina, 2003.

[2] Art. 275 -339

[3] Art. 283

[4] Art. 321 – 324

[5] Art. 408

Documento presentado en el Evento Los DESCA en la mira “Una demanda del Movimiento de Mujeres”, Guayaquil, 8 de agosto 2008.