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02-07-2012

Una barrera contra el golpismo

Por Ernesto Espeche

Los jefes y jefas de Estado de Sudamérica pisaron suelo mendocino -en el oeste cordillerano de la República Argentina- con la certeza de arribar a los consensos que exigen las urgencias regionales.

Un largo camino recorrido en conjunto permitió que los debates descansen sobre un piso muy alto de acuerdos: la ilegitimidad del Golpe de Estado en Paraguay no estuvo en discusión. La cuestión a resolver era, entonces, la intensidad y la oportunidad de la respuesta.

La Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se realizaron entre el 28 y el 29 de junio, una semana después de la destitución de Fernando Lugo, las asonadas policiales contra Evo Morales y las maniobras de desabastecimiento en Argentina.

Ese marco requirió de un complejo trazado estratégico: las sanciones aplicadas al entuerto golpista debían ser un mecanismo para establecer las condiciones políticas que permitan reubicar a Paraguay en el concierto de la integración latinoamericana. Por ello se consensuó la suspensión del país de todos los órganos de Mercosur y la Unasur hasta tanto se realicen elecciones libres, limpias y sin proscripciones.

La resolución trasciende el mero repudio discursivo y supera los límites de la formalidad institucional. Se trata, en el fondo, de una señal cuya firmeza radica en su contribución al logro de un objetivo superador: evitar que la reacción conservadora -a la defensiva y tirando manotazos- recupere espacio político en la región luego de casi una década de ofensiva democrática, popular y progresista.

Como parte de ese objetivo superador, las sanciones económicas quedaron descartadas desde un comienzo. Así lo expresó Cristina Fernández, como posición de su gobierno, al abrir las deliberaciones; y así también lo entendieron los cancilleres que -horas antes- elaboraron un borrador.

¿Qué impidió un posible bloqueo a Paraguay? A priori, esa tesis aparecía como la respuesta más sólida para aislar al gobierno ilegítimo, forzar su repliegue e impedir que otro golpe se sustancie en la región. Los antecedentes acumulados en materia de intervención política frente a maniobras desestabilizadoras le aportaron al bloque experiencia resolutiva en estas lides. Los hechos ocurridos en Honduras durante 2009 marcaron un punto de inflexión a partir del cual quedaba demostrada la factibilidad de los nuevos modelos destituyentes. En contraste, los intentos golpistas en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010) fracasaron al calor de una férrea resistencia popular y -en los últimos dos casos- gracias a una rápida reacción de la Uansur.

Esa empírea le aportó sustancia política al sostenimiento de los procesos transformadores en la región: una de las facetas de la integración es, sin dudas, la defensa de los gobiernos populares. Por ello, los matices ideológicos no impidieron a los mandatarios visualizar con agudeza política un asunto central: no debían afectarse las condiciones materiales de vida del pueblo paraguayo, principal víctima del golpe y -a la vez- sujeto indispensable para una salida no cosmética hacia la institucionalidad democrática.

Además, una condena económica aportaría una nueva excusa a los golpistas para victimizarse ante la sociedad. De hecho, los enviados especiales del diario ABC -en sintonía con los intereses destituyentes- instalaron la hipótesis de una reedición de la Guerra de la Tiple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay). De acuerdo al planteo editorial del periódico de Asunción, estaríamos ante una versión agiornada de la ignominiosa ofensiva desatada contra el pueblo guaraní entre 1865 y 1970. El triunfo de esas interpretaciones en el ideario popular paraguayo sería un fuerte golpe para la articulación de una fuerza progresista capaz de imponerse en las próximas elecciones.

El propio Lugo, quien hasta último momento evaluó viajar a Mendoza, se pronunció en contra de una posible sanción económica contra su país. Entendió, al igual que los mandatarios de la región, que la condena debe recaer sobre la dirigencia política paraguaya y no sobre el pueblo.

Argentina, Brasil y Uruguay acordaron, además, integrar a Venezuela al Mercosur como miembro pleno. La prensa de derecha en toda la región leyó este punto y la suspensión de Paraguay como parte de un mismo movimiento. En rigor, la membrecía de Venezuela estaba bloqueada por el parlamento paraguayo, el mismo que montó una grotesca simulación de juicio político contra Lugo. Sin embargo, se trata de dos aspectos que los cancilleres desvincularon en cada intervención pública con un argumento de hierro: el pedido de ingreso del país caribeño al Mercosur tiene larga data y sus aspectos formales se resolvieron hace un largo tiempo en los países que hoy integran el bloque.

Hugo Chávez, por su parte, no participó del cónclave. Las posiciones de Venezuela estuvieron representadas por el canciller Nicolás Maduro. De todos modos, el líder bolivariano se expresó con rapidez en relación a lo dispuesto por sus pares.

En esa misma línea, el presidente uruguayo José Mujica abogó por la incorporación de más países sudamericanos al Mercosur. Su petición no es casual: el predominio económico de Argentina y Brasil generó, a lo largo de la historia del bloque, algunos planteos disidentes por parte de uruguayos y paraguayos.

El ingreso de Venezuela opera, además, en un sentido simbólico como un elemento reordenador de las relaciones de fuerza: se trata de una economía con fuerte peso en materia energética que obligará a nuevos consensos. Sus definiciones políticas están en sintonía con los ejes programáticos de los países del Cono Sur; sin embargo, se ubica en un plano ideológico cuya radicalidad levantará el techo de las definiciones antiimperialistas.

La presidencia pro témpore del Mercosur quedó en manos de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Hugo Chávez se comunicó con ella de inmediato para felicitarla y comprometió su presencia el 31 de julio en Río de Janeiro, fecha y lugar estipulados para la formalización del ingreso de su país al Mercosur. Ollanta Humala, por su parte, asumió la presidencia de la Unasur, hasta ese momento en poder del destituido Fernando Lugo.

En paralelo, un conjunto de organizaciones sociales de Sudamérica organizaron la Cumbre Social de los Pueblos. Durante tres jornadas, miles de participantes debatieron en comisiones e intercambiaron experiencias en torno a la relación de los actores sociales con los Estados transformadores. El encuentro contó, además, con la presencia de distintos funcionarios de los países de la región: un síntoma, apenas, de los cambios que se experimentan en nuestros países desde hace años.

P.-S.

El artículo forma parte de la compilación Junto a Paraguay ¡América Latina Resiste! FEDAEPS, Quito, 2012. Tomado de http://www.apasdigital.org/apas/not...


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