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31-03-2009

De feminismos, retos y cambios latinoamericanos

Irene León

El Feminismo es plural, nunca respondió a una línea única, se produjo en distintos escenarios, con los matices inherentes a cada contexto. Sus referentes políticos son múltiples, pero convergen en un punto en común: la lucha contra el patriarcado, que no es sólo ideológico ni cultural, sino que como sistema social basado en el mantenimiento de relaciones de poder, está cimentado en el conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales.

Con ese referente político y con una estructura absolutamente descentralizada, el movimiento feminista logró que, casi al término del siglo XX, se reconociera al fin la universalidad de los derechos de las mujeres, hecho histórico que redimió simbólicamente su calidad de sujeto colectivo e individual. Pero, las reparaciones de las desigualdades materiales, resultantes de relaciones de sujeción milenarias, no siguieron el mismo ritmo, pues buena parte de ellas dependen de situaciones estructurales, derivadas justamente de la imbricación entre el patriarcado y el capitalismo, e implican por lo tanto revoluciones de fondo en ambos simultáneamente.

Es este el reto más reciente que plantean los procesos de cambio que se están experimentado en Latinoamérica en el último decenio[1], donde casi todos los países han emprendido distintas iniciativas de transformación, que implican en algunos de ellos la concepción de un nuevo modelo, planteado desde lo innovador y lo propio. Se trata de un momento inédito, marcado por la convocatoria de las distintas sociedades a pensarse a si mismas y delinear su presente y futuro bajo nuevos parámetros.

Para las mujeres latinoamericanas, que llegaron al siglo XXI en medio de la masificación de la mengua socioeconómica provocada por el neoliberalismo -pero también conferidas de los antes mencionados derechos-, este contexto coloca un gran desafío, pues está sobre la mesa nada menos que la oportunidad de plasmar las propuestas feministas en el diseño de un nuevo modelo. Sin abandonar por eso ni su posibilidad de acción, ni su papel crítico y autónomo de movimiento social.

El terreno propicio para emprender este reto es uno de proceso, que las propias luchas de las mujeres fraguó: el reconocimiento de las evidentes desigualdades estructurales entre los géneros y la necesidad de encararlas, que ahora es abordado, con distintos matices, como parte de la agenda de cambio en todos los países. Especialmente en aquellos que han emprendido o concluido reediciones constitucionales[2], y en los nuevos planes, que colocan un énfasis en la toma de medidas relativas a cuestiones estructurales; y al diseño de políticas inclusivas y de igualdad, que interrelacionan los distintos factores susceptibles de generarla[3].

Es entonces un momento en el cual está sobre el tapete la evidente interdependencia entre la viabilidad de los derechos, la necesidad de cambios estructurales, y el diseño de un nuevo modelo. Pues, a todas luces, la ampliación de las dinámicas excluyentes, generada por el neoliberalismo, volvió prácticamente inaplicable la universalidad de los derechos obtenidos. Ya que, si bien el reconocimiento de estos últimos se revirtió en políticas públicas, estas estuvieron caracterizadas por su corte asistencial y por la omnipresencia del enfoque mercantil, cuyas dinámicas potenciaron factores opresivos y discriminatorios.

De allí que en los procesos de cambio latinoamericano, el giro de rumbo se manifiesta también en nuevas modalidades de inclusión de las mujeres en la política y en lo social, que resulta tanto de la identidad participativa de estos, como del surgimiento o fortalecimiento de dinámicas de construcción socio-económica desde lo popular.

Todas las nuevas Constituciones latinoamericanas del Siglo XXI[4], registran novedosos enfoques de género, algunas lo colocan como eje transversal, y todas sitúan la igualdad como prioridad. Esta última es mencionada también en las propuestas de integración regional, pieza clave para el afianzamiento de los mencionados cambios.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la primera de esta camada, registra desde el lenguaje no sexista hasta el apelo a incorporar la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas y planes de desarrollo; reconoce el valor económico del trabajo doméstico y el derecho de las amas de casa a la seguridad social; refrenda la igualdad en todas las esferas; y define en su preámbulo a los seres humanos –y no al capital- como sujeto del desarrollo.

Es en este último rubro que se evidencian las más significativas medidas tomadas en ese país. El Banco de Desarrollo de la Mujer, creado por la revolución bolivariana, es el único banco público dirigido por mujeres y orientado hacia sus necesidades, apunta sus objetivos a la erradicación de la pobreza y la exclusión que las afecta, y visualiza su apoderamiento como un proceso integral, que no depende apenas del acceso a los recursos, sino de cambios reales en las relaciones de poder. Los créditos mancomunados, solidarios, y cooperativos, abren posibilidades para esbozar una perspectiva económica extra-doméstica, moldeada desde lo colectivo.

La presencia de las mujeres en las iniciativas de poder popular –Misiones- es creciente, pero lo es también en las esferas de gestión del proceso revolucionario: la Asamblea Nacional es presidida por mujeres; al igual que el Consejo Nacional Electoral y diversos ministerios.

En Bolivia, país mayoritariamente indígena (62%), además de la inclusión de un significativo dispositivo constitucional relacionado con la igualdad entre los géneros (2008), destaca la identificación del país como plurinacional, lineamiento inclusivo que fue precedido de uno de los más significativos avances simbólicos, pero también material, como es la irrupción de las mujeres indígenas a espacios clave de decisión y de poder, hecho inédito en la historia, máxime si ese grupo social registra las más agudas consecuencias de una discriminación histórica, pues ellas hasta 1952 no beneficiaban siquiera de derechos políticos.

La llegada de las indígenas al poder no sólo las rehabilita a ellas como sujeto político, sino que evidencia una ruptura con las visiones tecnocráticas de la gestión del Estado, con el racismo y el androcentrismo. Un símbolo de esta nueva tendencia es el papel jugado por la líder campesina Silvia Lazarte, bajo cuya presidencia se aprobó la nueva Constitución boliviana, aún bajo recias presiones de la derecha, que se obstina en impugnar el peso de las mayorías, regla del juego democrático electoral que la propia democracia burguesa produjo.

En el Ecuador, la revolución ciudadana iniciada en el 2007, sólo necesitó de un año para formular su Plan Nacional de Desarrollo Social y Productivo con un enfoque transversal de género, e incluir en él ejes innovadores como la diversidad sexual, por primera vez concebida como asunto de preocupación nacional, que requiere de acciones, de políticas, y de una institucionalidad que es parte de las propuestas de reforma del Estado. Asimismo, en el diseño de la nueva Constitución, que está en marcha, con una dinámica que impulsa la contribución ciudadana, las propuestas en discusión incluyen la economía del cuidado, diversa y solidaria; la viabilidad de la igualdad y las diversidades. Sin duda, el nuevo texto constitucional presentará iniciativas innovadoras, pues se trata de un país que, desde 1998, se reconoció como pluricultural e igualitario, e incluyó la no discriminación por género y orientación sexual, los derechos sexuales y reproductivos, y la potestad de las personas para tomar decisiones libres sobre su cuerpo y sexualidad, como asuntos constitucionales. Así, los retos actuales giran en torno a la definición del modelo y los cambios estructurales que permitirían su aplicación.

En este caso, la ascendencia política de la igualdad entre los géneros es tal, que el poder Ejecutivo declaró a la violencia contra las mujeres como asunto de preocupación nacional y colocó a la salud y la educación -asuntos que involucran singularmente a las mujeres-, en estado de emergencia nacional; a la vez que se vedaron por decreto varias ostentaciones sexistas, tales como los concursos de belleza y otras actividades discriminatorias, en los lugares públicos.

En Brasil, está en marcha la formulación de una política de Estado, concretizada en el Plan Nacional de Política para las Mujeres, cuya formulación fue precedida de un voluminoso proceso de consultas, en las que participaron tanto las instituciones nacionales y estatales como las organizaciones sociales, su aplicación apunta a agilitar las políticas de género en las esferas gubernamentales y tomar medidas para que, por ejemplo, los 15 millones de mujeres jefas de familia mejoren su situación. Sus contenidos están orientados a efectivizar los derechos civiles, políticos, sexuales y reproductivos, e implementar políticas de educación, cultura, comunicación y producción de conocimiento.

Uruguay también aprobó el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, Políticas Públicas hacia las Mujeres 2007-2011, con el objetivo de priorizar los derechos de las mujeres en la agenda pública. Sus líneas de acción tienen el propósito de fomentar una visión integral de la igualdad, afrontando la discriminación por sexo, género, edad, raza, etnia, religión, orientación sexual, nivel socioeconómico, lugar de residencia y discapacidades.

En Cuba, el único país de la región que mantiene una política de Estado consistente desde hace medio siglo: la igualdad socioeconómica, el acceso al conocimiento, a las esferas de poder y decisión, la participación, y otros requisitos para la igualdad de las mujeres, registra avances sin precedentes en la región y están respaldos por una agenda de proceso, orientada al logro pleno de la igualdad. Siendo así, el más reciente avance en términos de igualdad y eliminación de todas las formas de discriminación, es el reconocimiento del derecho a legalizar la identidad de género por opción, hecho inédito en el hemisferio, planteado en la Asamblea del Poder Popular en el 2007.

Pero no todo es color de rosa, en la Nicaragua de gobierno sandinista, el presidente Daniel Ortega, llegó al poder en medio de regresiones relativas al aborto y otros derechos conexos, apoyadas por su partido, el mismo que en la revolución de los ochenta desarrolló una de las más avanzadas iniciativas de igualdad para las mujeres.

Esta reseña incompleta de los cambios en curso en Latinoamérica, no puede concluir sin aludir al proceso de integración regional, planteado como uno de solidaridades, complementariedades, cooperación, diversidad, procura de la igualdad, soberanía, y como un camino inequívoco para refrendar los cambios. La Aternativa Bolivariana para las Américas; el Banco del Sur y el del ALBA; las iniciativas de integración energética, y otros, marcan un vuelco no sólo en la auto-percepción de las posibilidades de sustentabilidad regional, sino que imprimen la pauta de las posibilidades de mudanzas de fondo en las relaciones de poder geopolíticas.

Con estos ingredientes, el nuevo momento latinoamericano marca la pauta de un cambio sustancial en el registro de las propuestas feministas, a la vez que estas últimas mantienen el reto de pensar los cambios desde la eliminación de las relaciones de poder patriarcales. Se trata entonces, de un momento inédito, en el cual buena parte del feminismo está inmerso, sea a través de su incursión directa en los procesos de cambio, como es el caso de la Red de Mujeres Transformando la Economía, que ha irrumpido en la formulación de políticas económicas feministas, en el diseño de las alternativas de integración, y otros; o desde el desarrollo de propuestas para la humanidad como lo hace la Marcha Mundial de las Mujeres; o desde las visiones de futuro como aquella de la soberanía alimentaria, levantada por la Articulación de Mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de Mujeres del Campo y la Vía Campesina.

En todos los casos, lo que está en cuestión es el futuro de las mujeres en las sociedades latinoamericanas, ubicadas a la vez en un planeta con una fecha de vencimiento -impuesta por la avidez del mercado y del patriarcado-, que sólo podrá salvarse con cambios de fondo en lo macrosocial y en el cotidiano.

[1] Casi todos los países de Sudamérica están gobernados por nuevas articulaciones heterogéneas de izquierda y de centro

[2] República Bolivariana de Venezuela; Bolivia; y Ecuador

[3] El Plan Nacional de Desarrolllo Social y Productivo del Ecuador, SENPLADES, 2007, por ejemplo, además de colocar la transversalidad de género como línea rectora, contiene diversos aspectos relativos al equiparamiento de las diferencias estructurales entre los géneros, e incluye problemáticas innovadoras como es el caso de la diversidad sexual.


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