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12-08-2008

Ecuador

Democracia y diversidad económicas: un esbozo de las transformaciones constitucionales

Magdalena León T.

Introducción

Bajo la noción integradora del ‘buen vivir’, la Constitución de Montecristi propone redefiniciones y cambios económicos que responden al imperativo de desactivar el neoliberalismo y transitar hacia un nuevo ‘modelo’, hacia un sistema económico ‘justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable’ (Art. 276, 2).

Un primer paso transformador ha sido reconocer y nombrar la realidad, lo que es en sí un cambio indispensable para desatar transformaciones de fondo. La propuesta visibiliza y revaloriza la economía ‘realmente existente’, en su diversidad de modalidades y protagonistas; también muestra las interrelaciones de lo económico con lo social, cultural y ambiental.

Este registro de la realidad lleva, necesariamente, a redefinir objetivos y prioridades de la economía, a prever caminos hacia su democratización. Supone también revalorizar a todas las personas desde sus aportes, en algunos casos restituirles su calidad actoras/es económicos, superando el estigma de ser vistas/os sólo desde las carencias.

En el extenso articulado, estas redefiniciones no se ubican en un solo título, capítulo o sección, están en distintos lugares, con variados alcances e incluso con alguna tensión o contradicción. Procuramos en estas líneas identificar, de manera esquemática, los enunciados relevantes de esta visión de cambio económico, que consideramos tiene como bases la diversidad y democratización.

1. Definiciones y objetivos generales.

Una mirada al índice lleva ya a apreciar el cambio de perspectiva, las innovaciones, la prioridad concedida a las personas, las colectividades, los derechos y el buen vivir; la economía se mueve en ese marco.

En el título II, los ‘derechos del buen vivir’ comprenden 22 artículos, empezando por los nuevos sobre agua y alimentación. El Régimen de Desarrollo (título VI) exhibe capítulos y secciones que indican nuevos contenidos: planificación participativa, soberanía alimentaria, soberanía económica, formas de trabajo y su retribución, democratización de los factores de producción, intercambios económicos y comercio justo.

El Régimen del Buen Vivir (título VII), establece sistemas para garantizar derechos, inclusión y equidad, considerando salud, educación, seguridad social, ciencia y tecnología, entre otros, e integra los artículos referidos a biodiversidad y recursos naturales.

El sistema económico se ubica como parte de la soberanía económica, que junto con la planificación participativa, la soberanía alimentaria, los sectores estratégicos, el trabajo y la producción integran el Régimen de Desarrollo. Este se define como ‘el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, el sumak kawsay’ (Art. 275). La pluralidad y la interrelación caracterizan este enunciado.

El sistema económico es caracterizado como ‘social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a la relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir’ (Art. 283).

En directo vínculo con el ´buen vivir´ consta el enunciado pionero de Derechos de la Naturaleza: ‘La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos’ (Art. 71). Esto introduce un cambio sustantivo en la noción de ‘recursos’ aplicado hasta hoy, que ha propiciado su explotación, depredación y destrucción.

2. Reconocer para cambiar: ¿quiénes y cómo hacen economía?

La más obvia y general noción de economía alude a las actividades y relaciones que permiten la producción y la distribución de bienes y servicios para atender necesidades humanas, las cuales varían en el tiempo y en contextos determinados. La economía es así inherente a la vida y a la humanidad toda, pues sin esa ‘materialidad’ el devenir social y cultural, el flujo de la existencia personal y colectiva serían imposibles.

En tiempos neoliberales esta noción ha sido suplantada, en el discurso y en las políticas, por una que recorta o delimita la economía al mercado, el dinero, la acumulación y el enriquecimiento, dejando fuera toda la variedad y complejidad de relaciones y actividades que derivan en la generación de bienes y servicios, sean estos o no mercantilizados, y a sus protagonistas; las categorías de empresas, empresarios y negocios se han impuesto como las únicas válidas, con la correspondiente sobre representación empresarial en el poder y en las decisiones.

Ahora se reconoce y nombra la economía como es, en sus dimensiones productiva y reproductiva, en su amplitud y diversidad. Así:

* Se establece ‘el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental’ (Art. 66, 15), en lugar del enunciado del 98: ‘la libertad de empresa, con sujeción a la ley’ (Art. 23, 16).

* Se utiliza, sistemáticamente, la denominación de ‘unidades económicas’ o ‘unidades productivas’ en lugar del génerico ‘empresas’ usado en el 98 -salvo donde es pertinente mantenerlo-.

* Se reconocen diversas formas de organización económica: ‘pública, privada, mixta, popular y solidaria’ incluyendo los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Art. 283).

* Así mismo, se visualizan diversas formas de organización de la producción ‘… entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas’ (Art. 319).

* Son de suma importancia los enunciados sobre trabajo. Por un lado se lo redefine como derecho social y derecho económico y como base de la economía (Art. 33), y por otro se reconocen es ‘todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de las labores de autosustento y cuidado humano’, y de todas las trabajadoras y trabajadores como actores sociales productivos (Art. 325). Ya no hay trabajo estigmatizado como ‘informal’, o trabajo invisible como el no remunerado, especialmente de las mujeres, pues además se reconoce específicamente ‘como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares’.

* De cara a la igualdad económica de género, son relevantes para las mujeres no sólo los avances específicos sobre trabajo y acceso a recursos, sino el reconocimiento de la existencia e igual importancia de los ámbitos productivo y reproductivo de la economía; el desconocimiento previo ha operado como base de la división sexual del trabajo y de las desigualdades derivadas.

* Las formas comunitarias de economía se refuerzan con lo previsto en derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, donde se consigna el respeto y promoción de ‘sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural’ (Art. 57, 8).

* El sistema financiero también amplía su ámbito, pues ‘…se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario´ (Art. 309), este último integrado a su vez por ‘cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro’ (Art. 311).

3. Las decisiones económicas

La democratización de estas decisiones tiene como eje la planificación participativa del desarrollo. Esto supone tanto una recuperación del Estado, de su institucionalidad y roles, como la clara definición de mecanismos de participación de la sociedad.

Se trata de salir del autoritarismo del mercado para ir hacia unas decisiones asumidas en función de objetivos estratégicos del país, de prioridades consensuadas, de procesos que se vinculen a las realidades y necesidades de las sociedades, desde los niveles locales hasta el nacional.

Un país con soberanía recuperada y fortalecida define su rumbo económico. Deber primordial del Estado es “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (Art. 3, 5).

Se establece un sistema nacional descentralizado de planificación participativa (Art. 279), que incluye consejos ciudadanos. La planificación se convierte en el eje de la acción pública y en el referente para los demás sectores.

El régimen de competencias (Arts. 260-269) contempla atribuciones de planificación para todos los niveles de gobierno, desde las juntas parroquiales hasta los gobiernos regionales autónomos, que luego se articulan con el nivel nacional.

Se prevén mecanismos de participación social para: elaborar planes nacionales, locales y sectoriales, definir agendas de desarrollo, mejorar la calidad de la inversión pública, elaborar presupuestos participativos (Art. 100).

Para otras decisiones se señalan incentivos o límites, por ejemplo las decisiones sobre qué producir se vinculan con varias alusiones al fomento de la producción de alto valor agregado, generadora de empleo digno, ambientalmente limpia. Por ejemplo, se determinan ‘incentivos para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables’ (Art. 285, 3); o se compromete el ‘fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado’ (Art. 334, 4)

Los alimentos son claramente una prioridad al asumir la soberanía alimentaria como objetivo estratégico (Art. 281), con el compromiso estatal de proteger el sector agroalimentario y pesquero nacional.

También se consignan criterios para decidir sobre prioridades de la inversión pública: educación, salud y justicia (Arts. 26 y 286)

Desde otra perspectiva, se reconocen o fortalecen decisiones de actores económicos que han afrontado relegamiento histórico, como los pueblos indígenas y las mujeres. Por ejemplo, para decidir sobre la explotación de recursos no renovables ubicados en territorios de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, se establece el mecanismo de consulta previa (Art. 57, 7).

4. El acceso a recursos y la redistribución

Democratizar el acceso a recursos resulta inseparable del fortalecimiento de lo público y estatal, en función del interés colectivo.

Por eso es fundamental la definición de sectores estratégicos sobre los que el Estado tiene control y decisión exclusivos. Se trata de sectores que ‘por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política y ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social’. Se cuentan entre ellos los recursos naturales no renovables, los hidrocarburos, la biodiversidad, el agua.

También resulta clave la responsabilidad estatal de proveer servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura (Art. 314).

A través de la política económica y la política fiscal, el Estado asume los objetivos de una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios.

También asume un activo compromiso a través de desarrollo de políticas para ‘evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades’ (Art. 334, 1).

Otro medio democratizador son las compras públicas, que se orientará con prioridad a la producción nacional, en especial de pequeñas unidades económicas y redes asociativas.

Por su parte, el sistema financiero público tiene, entre otras, la función de democratizar el crédito.

Sobre los ingresos generados por el trabajo, se señala que ‘la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos necesidades de la persona trabajadora, así como las de su familia’ (Art. 328). Se establece el salario básico de aplicación obligatoria y revisión anual.

En cuanto a la propiedad, se reconoce ‘El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental’ (Art. 66, 26). Estas formas son ‘… pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta’ (Art. 321).

En función de la soberanía alimentaria se promoverán ‘políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, el agua y otros recursos productivos’ (Art. 281, 4), al tiempo que ‘se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes’ (Art. 282).

Las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas tienen derechos a la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, a la posesión de territorios ancestrales, y a participar en ‘el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras’

En el caso de las mujeres, se garantiza la igualdad de derechos ‘en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal’. Se contempla el desarrollo de ‘políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción”.

Hay recursos cuya importancia relativa se matiza. Por ejemplo, el endeudamiento público tendrá carácter residual y complementario, sujeto a la planificación, soberanía, respeto de derechos y controles públicos y sociales. Igualmente, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, sujeta a similares controles y criterios.

5. En suma…

Lo expuesto no llega a cubrir ni agotar las amplias y complejas redefiniciones sobre economía que, en conjunto, reorientan principios, objetivos, prioridades, instituciones, protagonistas.

Pero no estamos ante cambios a ser iniciados desde cero, pues en buena medida lo que se hace es una aproximación a la economía diversa realmente existente y a sus potencialidades, señalando un camino para superar desigualdades e injusticias, desde las complejidades y posibilidades que abre el ‘buen vivir’.

P.-S.

Artículo publicado en la revista Entre Voces #15, Grupo Democracia y Desarrollo Local, Quito, agosto/septiembre 2008.


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