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27-06-2011

Política económica externa y actualización del modelo económico cubano

Lourdes Regueiro

La celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) celebrado en abril de 2011, acaparó la atención de los medios de prensa, de los amigos y los enemigos de la Revolución Cubana. El anuncio previo de que el centro de la discusión sería la aprobación de los lineamientos para un necesario ajuste del modelo económico era una razón más que suficiente para “enganchar” la atención tanto del público habitual de las noticias sobre Cuba, como la de curiosos circunstanciales.

Cuando se habla de congresos partidarios comúnmente se asocia a la idea de eventos celebrados en lugares determinados por espacio de uno o varios días, el cónclave generalmente es precedido de un proceso de elaboración de determinadas tesis que se someten a la consideración de los militantes quienes en el proceso de discusión formulan modificaciones, adiciones y supresiones en foros territoriales. Los delegados al congreso como representantes electos en sus bases, son los depositarios de un mandato consistente en llevar a la asamblea las opiniones reflejadas en acuerdos de sus representados; luego de su discusión en el congreso son aprobadas las tesis, que se convertirán en lineamientos rectores u orientadores de la política en diferentes ámbitos para varios años, siempre que no se produzcan alteraciones significativas del contexto en el que ellas son aplicadas. La práctica descrita anteriormente es bastante similar como procedimiento entre los partidos de izquierda.

El recién concluido VI Congreso del PCC en relación al patrón referenciado en el párrafo anterior tuvo determinadas particularidades referidas a que para la discusión del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido fue convocada toda la población con el objetivo de que el documento base (que a su vez recogía muchos de los planteamientos realizados en la convocatoria que realizara el entones Segundo Secretario del Partido, el General de Ejército Raúl Castro el 26 de julio de a opinar sobre lo que debía y podía ser cambiado en la construcción de la sociedad socialista cubana) fuera enriquecido con los aportes de toda la sociedad desde sus centros laborales y estudiantiles, y comunidades residenciales; es decir, que el Congreso estuvo precedido de un amplio proceso de debate que involucró a la ciudadanía en general, y no sólo a los miembros del Partido y sus organizaciones de base. Como resultado de este proceso el 62% de los 291 lineamientos inicialmente discutidos fueron modificados y se añadieron 32 nuevos.

Los grandes temas en torno a los cuales se organizó el debate fueron: el modelo de gestión económica; las políticas macroeconómicas; la política económica externa; la política inversionista; la política de ciencia tecnología, innovación y medio ambiente; la política social; la política agroindustrial; la política industrial y energética; la política para el turismo; la política para el transporte; la política para las construcciones, viviendas y recursos hidráulicos; y la política para el comercio.

La pregunta que se hacen muchos hoy es cómo incidirá la actualización del proyecto económico cubano en su práctica internacional. El presente trabajo no pretende dar una respuesta conclusiva a esa interrogante, sino compartir algunas ideas sobre el tema, que parten de la reafirmación en los documentos aprobados por el VI Congreso del PCC de que los principios en que se asienta la colaboración externa no se han modificado un milímetro, pero su implementación práctica deberá actualizarse en virtud de la necesaria congruencia entre la política económica interna con su proyección externa, lo que debe traducirse en medidas que pudieran afectar los montos de los recursos que sustentan determinados proyectos de colaboración y las formas bajo las que ésta ha ocurrido hasta el momento.

Congruencia entre la economía interna y la proyección externa, una necesidad

Cualquier análisis sobre la política exterior cubana, incluyendo lo referido al sector externo de la economía, tiene que partir del reconocimiento de que la misma se asienta en los principios de independencia, autodeterminación, respeto a la soberanía, antimperialismo, internacionalismo, solidaridad y defensa del socialismo. A esos principios se supeditan incluso los intereses nacionales sectoriales. La idea rectora de que los intereses se subordinan a los principios es fundamental para comprender las posiciones de Cuba en diversos foros internacionales, en los que pudiera parecer que sus enfoques sobre determinados temas es incongruente con la lógica del interés nacional de obtener mayores beneficios económicos. La actuación consecuente con este precepto ha sido un distintivo del ejercicio de la política exterior cubana que a no pocos desconcierta.

En términos de la política económica externa, el VI Congreso del PCC no produjo mudanzas sustantivas como las aprobadas para la política doméstica en la que se introducen cambios que alteran la correlación precedente entre formas de gestión estatal y no estatal, mayor independencia de las empresas estatales, etc., siempre teniendo como norte la perspectiva de un sistema económico basado en la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, que en la actualización del modelo económico prevalecerá la planificación y no el mercado y que nadie quedará desamparado.

Actualizar el modelo económico en el caso de Cuba significa: primero, reconocer la urgencia de restablecer determinados equilibrios macroeconómicos, que no pueden ser desestimados de manera permanente sin una base económica que los respalde; segundo, adecuar los instrumentos de política económica a las restricciones financieras particulares que vive el país; tercero, rescatar el papel del salario como principal fuente de ingreso de la mayor parte de los trabajadores; cuarto, sacar a flote reservas productivas y de productividad; quinto, ajustar el plan de la economía a los recursos disponibles; otorgar mayor autonomía a las empresas; sexto, eliminación de prácticas paternalistas universales (que cubren al universo poblacional de país); séptimo, planes ajustados a los recursos disponibles; octavo, no ignorar los costos, y recuperarlos siempre que sea posible; noveno, desarrollar un sistema impositivo al que contribuya toda la ciudadanía. En fin, la actualización implica el reordenamiento de lo existente tanto en términos conceptuales como prácticos, y también supone cambios estructurales (participación del Estado en la generación de empleo, por ejemplo).

El para qué no ha cambiado: para preservar el socialismo, para elevar la calidad de vida de la población, garantizando niveles de vida adecuados a los tiempos que corren, haciendo de Cuba el lugar donde se realizan no sólo las expectativas culturales, de instrucción y de salud, sino también las de alcanzar la satisfacción de determinadas necesidades materiales, que hoy son de difícil realización. El cómo lograrlo sí cambia: hay que hacerlo con eficiencia, aprovechando al máximo los recursos disponibles, sustituyendo el subsidio a los productos por protección a las personas en condición de vulnerabilidad, eliminando gratuidades que tuvieron su razón de ser en otras décadas y que hoy no son sostenibles, abriendo un espacio a formas no estatales de gestión (lo que no implica que no sean compatibles con el socialismo), combinando inteligentemente las fórmulas de encarar los problemas estructurales acumulados en el corto y largo plazo.

Esta no es la primera actualización que se produce en el modelo económico, ni será probablemente la última. La construcción del socialismo en Cuba se produce en un contexto de predominio mundial del capitalismo y desde una economía abierta, sin una gran dotación de recursos naturales, a lo que se suman los efectos del bloqueo norteamericano; estos factores determinan una sensibilidad muy alta a los movimientos de la economía mundial, al recrudecimiento de las medidas del bloqueo, etc. No existen experiencias previas de la construcción socialista en estas condiciones, de manera que las cubanas y los cubanos tendrán que continuar en un proceso de búsqueda que propicie la congruencia entre los objetivos y el contexto nacional, de una parte y el contexto internacional de otra.

Lamentablemente, no existen experiencias probadas históricamente que combinen satisfactoriamente eficacia social y eficiencia económica; apostar por una u otra es una decisión política y el proceso de construcción cubano no deja dudas de cuál ha sido su elección histórica dentro y fuera de Cuba, pero los grados de libertad de esta opción tienen un límite en la base económica en que ella se sustenta, por lo que una eficacia social creciente en términos cualitativos y cuantitativos, está sujeta no sólo a la voluntad política, sino a la disponibilidad y sostenibilidad de los recursos que la posibilitan.

A lo largo de más de cinco décadas las políticas económicas aplicadas en Cuba han sido objeto de debate, críticas y posiciones polarizadas, tanto entre los que apoyan el proyecto estratégico cubano dentro y fuera del país, como entre sus detractores. La centralización, la insuficiencia de los incentivos económicos aplicados para elevar la productividad del trabajo, el prolongado y generalizado paternalismo estatal, las rigideces del plan y el formalismo de la participación en los diferentes momentos de su elaboración, la gestión de la relación Estado-mercado, la supeditación continuada de equilibrios macroeconómicos nacionales básicos al logro de objetivos sociales (dentro y fuera del país), han sido temas sobresalientes en la polémica.

Resultan inobjetables los logros alcanzados en el campo de la educación, la salud, la consolidación de la identidad cultural, la seguridad social, la universalidad de patrones inclusivos de distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades, etc. Sin embargo, no siempre el incremento de la producción y la productividad acompañaron los niveles de consumo de las cubanas y los cubanos, que vivían al margen de si los precios internacionales del azúcar, del níquel, del tabaco, del ron o de las frutas, renglones importantes de la cesta exportadora cubana bajaban; tampoco era un motivo de inquietud si subía el precio, del arroz, de la leche, del aceite o los cereales (cuyo consumo se garantiza a través de la importación) porque cualquiera fuera su tendencia, los productos subsidiados que reciben a través del sistema de racionamiento continuaban teniendo el mismo costo.

No dejaba de ser algo extraordinario y hasta encomiable, aunque paradójico, que para las cubanas y los cubanos no fuera motivo de preocupación lo que ocurría con los precios internacionales de productos importados esenciales en la canasta básica, pero el costo económico de esa tranquilidad ha sido asumido durante décadas por el Estado cubano quien pagó la diferencia entre el precio de importación y el precio de venta al consumidor final. Los miles de becarios extranjeros que estudiaron gratuitamente en diferentes niveles de enseñanza compartieron junto al pueblo cubano los rigores de una situación que nunca fue de bonanza y disfrutaron del sosiego derivado de vivir sin sobresaltos por el precio de los alimentos. Los logros de la Cuba de hoy son el resultado no sólo de haber transgredido los postulados mercantilistas y economicistas imperantes, sino también de desafiar reglas convencionales de la economía. El lado avieso de desafiar las leyes económicas es que hacerlo sostenidamente genera problemas que comprometen la viabilidad del proyecto.

El bloqueo económico de Estados Unidos deja una huella permanente en las operaciones económicas de Cuba con el mundo manifiesta en cuantiosas pérdidas. La crisis estructural sistémica multidimensional desatada en el 2009 potenció el deterioro de las condiciones en que opera la economía cubana internacionalmente, acrecentando las restricciones para el acceso a financiamiento externo. Ya desde el año 2005 se habían hecho evidentes las limitaciones para enfrentar el déficit de balanza de pagos, se acumularon los pagos de deudas vencidas y fue necesario reprogramar los pagos de las mismas. El incremento de los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles elevó de manera significativa el déficit de la balanza comercial de bienes de 3 167 millones de pesos en el año 2000 a10 569 y 6 030 millones de pesos en los años 2008 y 2009 respectivamente, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Si bien la balanza de bienes es negativa la balanza comercial del país es superavitaria por el aporte que representa la exportación de servicios. A esto deben agregarse las pérdidas ocasionadas por los huracanes que alcanzaron un monto de más 20 mil millones de dólares entre los años 1998 y 2010.

Más allá de la convicción de que el mercado no solucionará los problemas del país es un dato de la realidad el hecho de que la satisfacción de la mayor parte de las necesidades personales y productivas (por la condición de economía abierta) se realizan a través de transacciones de comercio exterior entre el Estado cubano y entidades económicas extranjeras públicas y privadas sobre la base de valores de mercado, no permite vivir de espaldas a él. Esto no significa que el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y las ciudadanas en Cuba estará limitado a lo que puedan adquirir con sus ingresos a los precios del mercado internacional, pero se impone acortar la brecha generadora de endeudamiento público.

Política económica externa

Los lineamientos de la política económica externa aprobados en el VI Congreso del PCC tocan temas sensibles en la definición del modelo económico que se adhiere y de su proyección externa, que han sido, son y seguirán siendo, temas sensibles no sólo en las polémicas entre las fuerzas de la izquierda y la derecha, sino también en los debates en el seno de las que convencionalmente se asumen como izquierda. En este sentido, el papel de la inversión extranjera y la filosofía que animan a la colaboración y a la integración son los que concentran la mayor atención de los que, por diversas motivaciones, siguen la política exterior cubana, sin desconocer la importancia de otros temas como el comercio exterior, la deuda y el crédito.

El documento aprobado por el VI Congreso, como en los restantes puntos traza las directrices fundamentales sobre estos temas, pero la instrumentación de muchos de ellos estará precedida por precisiones que aún están por definir. Entre las líneas rectoras merecen ser destacadas la ratificación de continuar desarrollando la solidaridad internacional a través de la colaboración internacional, como objetivo dar la prioridad a la participación en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), continuar la participación activa en la integración económica con América Latina y el Caribe como objetivo estratégico y propiciar la participación del capital extranjero como complemento del esfuerzo inversionista nacional en actividades de interés del país.

Cuba no emprende un proceso de liberalización de la inversión extranjera, sino su participación en el proceso económico de forma regulada y dirigida a actividades que sean de interés del país, velando por la diversificación del origen de los empresarios, como forma de evitar la concentración de capitales de países determinados. La inversión extranjera deberá ajustarse a los requerimientos y tiempos de ejecución convenidos con el país y en función de estos criterios deberán analizarse las nuevas inversiones y las ya existentes. El documento aprobado por el Congreso apunta en dos sentidos: a perfeccionar el trámite de aprobación de las inversiones extranjeras y a mayores exigencias en el cumplimiento de las regulaciones y de los compromisos contraídos.

En cuanto a la colaboración solidaria prestada por Cuba se plantea establecer registros económicos y estadísticos que permitan analizar sus costos y en la medida de lo posible considerar la compensación de los mismos. Este aspecto ha levantado polémicas, sobre si tal decisión significará la supeditación de la colaboración a criterios técnico-económicos. En este sentido es importante distinguir cuándo se trata de una decisión política y cuándo son situaciones que escapan a la voluntad política. Las restricciones económicas financieras del país agudizadas desde el año 2005, impactan negativamente sobre los montos disponibles de recursos para la colaboración, fenómeno que en los dos últimos años influye también en socios estratégicos, como Venezuela, que apoyan estas acciones, al concurrir esta circunstancia, no se trata de un cambio en la política al respecto, sino de un imperativo rigurosamente económico. El VI Congreso atendiendo al deterioro de las fuentes de financiamiento de la colaboración introduce un cambio consistente en compensar los costos cuando ello fuera posible; la garantía de que la colaboración solidaria se mantenga como un evento político germinador de las relaciones deseables entre los pueblos, y no como una transacción económica, es que los criterios para definir el cuándo es o no posible la compensación de los costos, sea una determinación política y no, tecnocrática.

En la instrumentación de este lineamiento debe cuidarse que no se pierda la singularidad de la colaboración cubana, lo cual no viene dado sólo por su gratuidad, sino por el espíritu de justicia más allá de los costos que la animan. Ese espacio de futuro en el presente no debe malograrse con criterios economicistas. La concepción política cubana que sustenta las acciones de Cuba en el campo de la solidaridad y la cooperación con otros pueblos no responde sólo al compromiso de participar de una manera decidida en la solución o en el alivio de problemas sociales, acumulados o coyunturales, generados por fenómenos naturales o por políticas, sino que tales prácticas hacen parte de la formación de las cubanas y los cubanos en los valores humanistas que inspiran el proceso de construcción de una sociedad más justa y equitativa

La experiencia socialista de Cuba mostró eficacia para resolver problemas sociales acumulados por décadas, heredados de gobiernos serviles al capital. También mostró la validez de su proyecto en el despliegue de la solidaridad como vía para enfrentar los problemas sociales que enfrentan otros pueblos. Ahora enfrenta el desafío de mostrar su capacidad para construir una economía alternativa al capitalismo no sólo porque garantice una distribución justa y equitativa de la riqueza, sino también por una nueva forma de producirla. El inminente riesgo de la desaparición de la vida en el planeta demanda pensar formas nuevas de satisfacer las necesidades humanas sin reproducir los patrones de depredación de la naturaleza en todas sus manifestaciones que sustentan los procesos de producción y consumo capitalistas. En ese empeño la incesante búsqueda de formas alternativas de integración basadas en la complementación de sus economías; en la recuperación actualizada de prácticas productivas de los habitantes originarios, incluidas la soberanía alimentaria y una relación armoniosa con la naturaleza; en revisar, actualizar, consensuar y recrear el imaginario del desarrollo no capitalista de la región, lo que no involucra sólo las formas institucionalizadas de integración bajo macroproyectos, sino proyectos de menor escala con preponderancia de actores comunitarios que den continuidad a formas alternativas de integración más allá de los posibles cambios de gobiernos puedan ocurrir.

El reto de la Revolución Cubana hoy es equiparar sus logros sociales y en las acciones de colaboración con respuestas en la economía, los Lineamientos van dirigidos en esa dirección. El permanente análisis de posibles efectos no deseados que puedan ocurrir es una tarea ineludible, Cuba ha mostrado su capacidad de rectificar cuando ha sido necesario, los tropiezos en la construcción política son admisibles, no actualizarla es imperdonable.


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