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08-08-2008

Ecuador

Igualdad Economica Para Las mujeres: Cambios constitucionales y perspectivas

Magdalena León T.

1. Antecedentes y contexto

El proceso de cambio constitucional que vive el Ecuador ocurre en una coyuntura de transformaciones de fondo en el país y en la región. Se busca cambiar el país, cambiar el modelo de economía y de sociedad.

En esa búsqueda, la visión feminista encuentra un singular espacio. Converge con propuestas que aparecen como nuevas (‘buen vivir’), se revaloriza, dado que la crisis ya se reconoce no sólo como del neoliberalismo, sino del modelo ‘civilizatorio’. Ya no se puede eludir que son inaplazables cambios de fondo en los modos de producir, de consumir, de organizar la vida. Postulados feministas de una economía orientada al cuidado de la vida, basada en la cooperación, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, se ponen al día. No son sólo propuestas de las mujeres para las mujeres, sino de las mujeres para los países, para la humanidad.

De cara a la igualdad económica para las mujeres, una agenda básica en estos tiempos supone:

- Ir de la economía como contexto a la economía como campo de decisiones ciudadanas. El neoliberalismo consolidó la visión de una economía que sigue un curso evolutivo que inevitablemente lleva hacia la globalización, por ejemplo, y en cuyo marco lo máxima aspiración era integarar derechos vistos como ‘sociales’ (incluso los llamados DESCA).

- Disputar la economía, en sus definiciones y recursos. No sólo ubicarnos en ese escenario como empleadas o consumidoras, sino en las definiciones básicas de qué y como producir, como distribuir, como organizar la reproducción.

- Recuperar el trabajo como categoría fundamental y derecho económico, y la atención a necesidades humanas como objetivo central de la economía.

- Recuperar y fortalecer la soberanías (nacional, económica, alimentaria, energética, financiera), lo público y los roles económicos del Estado.

- Desprivatizar los servicios ligados al cuidado de la vida y al impulso a la producción.

- Salir de la trampa de la empresa como modelo, como actor económico, social y político ideal y privilegiado, como sinónimo de unidad económica por excelencia y como la única capaz de generar empleo. En la región la organización económica tiene otras modalidades. El Estado cada vez más aparecía como un mediador entre las demandas locales y las empresas. Cuando se mira la economía desde las empresas, queda invisible la división sexual del trabajo y gran parte de la vida económica de nuestros países.

- Abrir y complejizar la noción de economía popular y solidaria.

Una Constitución que cambie el país, supone mucho más que la sumatoria de derechos sectorialmente considerados; implica visualizar cuáles son la economía y la sociedad capaces de hacer realidad los derechos de las mujeres y de extenderlos para lograr la igualdad.

En esa perspectiva, la Agenda de las Mujeres para la Nueva Constitución propuso:

Economía soberana y solidaria: una economía para la vida

Proponemos un sistema económico incluyente, basado en relaciones de producción y reproducción equitativas, bajo principios de soberanía, solidaridad, igualdad, redistribución, justicia social, económica y ambiental. La economía debe atender prioritariamente las necesidades humanas y el bienestar colectivo, debe valorar y apoyar las distintas modalidades de iniciativa económica. Es indispensable reconocer la interrelación y similar importancia de los ámbitos productivo y reproductivo, asumir la economía del cuidado como prioritaria, garantizar el reconocimiento y retribución a todas las formas de trabajo. Es preciso potenciar y revalorizar las prácticas económicas colectivas e intercambios que las mujeres y los pueblos y nacionalidades han ido generando en los espacios de desarrollo, y que resultan estratégicos de cara al logro de la soberanía alimentaria.

2. Cuáles son los pasos en ese sentido, cuáles los avances?

- Siguiendo el orden del nuevo texto constitucional, el preámbulo señala: “(Decidimos construir) una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.

Este nuevo paradigma del ‘buen vivir’ resulta convergente y se nutre de análisis y propuestas avanzadas ya desde hace décadas por la economía feminista y la ecologista, que han cuestionado las nociones de economía y riqueza en sus formas predominantes clásica y neoclásica, y que postulan la sostenibilidad ambiental y humana como centrales e indisociables [1].

El ‘buen vivir’ en su formulación básica pone el acento en la relación armónica e integral entre los seres humanos y la naturaleza.

Este concepto preside, organiza y articula el conjunto de 444 artículos. Esto tiene especiales connotaciones para las mujeres, pues permite esbozar una respuesta concreta a la ‘exclusión’ económica y social que se percibe como el fenómeno más acuciante para la mayoría de la población. Esa exclusión tiene dimensiones materiales y simbólicas que se derivan del no reconocimiento o de la estigmatización de las diversas racionalidades económicas, productivas y reproductivas que existen en el país y de sus protagonistas, de la riqueza social y cultural de su sociedad. El ‘buen vivir’ parte, necesariamente, de un reconocimiento positivo de la realidad, valora que lo alternativo ya tiene una expresión presente que debe ser vista y fortalecida; implica una visibilidad de todas las personas y colectividades desde sus aportes y potencialidades, no sólo desde sus carencias.

La perspectiva del ‘buen vivir’ lleva a borrar o diluir los límites entre ámbitos acordados convencionalmente con distintos, como separados: la sociedad, la economía, la cultura. Por tanto, invita a reubicar a la economía como parte de un sistema único en el que es inseparable de la sociedad, de la cultura, y de la naturaleza misma, no como un campo escindido, separado, con una lógica diferente, ajena al cuidado de la vida. A su vez, desde el reconocimiento de la diversidad, lleva a valorar la dimensión económica de actores y dinámicas vistas sólo como sociales.

Las constituciones, en general, combinan visiones, derechos y normas que en unos casos reflejan o reconocen realidades, en otros se adelantan a ellas, y en otros quedan rezagadas. Esta no es la excepción, pero desde la noción integradora de ‘buen vivir’ se hacen compatibles y complementarias la constatación de la realidad y las aspiraciones de cambio.

- Para promover cambios es preciso aterrizar en la realidad. La Constitución nombra, visibiliza, reconoce y compromete apoyo para una realidad económica caracterizada por la diversidad de protagonistas, de formas de trabajo y propiedad, de lógicas de producción y reproducción. Asume una perspectiva de democratización y justicia económicas, en la cual la recuperación de lo público (estatal y no estatal) constituye un requisito, pues es necesario superar desigualdades y desequilibrios que se gestan y arraigan bajo el predominio del mercado y el interés privado.

- El régimen de desarrollo registra cambios e innovaciones fundamentales, abre caminos inéditos, si bien quedan también elementos inerciales en su formulación.

- Los 64 artículos [2] que componen el Régimen de Desarrollo (título VI) no se circunscriben al sistema económico, contienen una visión integral inédita, que parte de su concepto:

“El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”. Se definen deberes tanto del Estado como de la sociedad para la consecución del ‘buen vivir’.

Grandes tópicos estructuran este título que abarca asuntos cruciales: la planificación participativa; los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas; la soberanía alimentaria; la soberanía económica; el trabajo y la producción.

El sistema económico, como parte del régimen de desarrollo, es caracterizado como “… social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a la relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir” [3]

Esta reubicación del sistema económico como parte del régimen de desarrollo y su común vínculo con el ‘buen vivir’ conlleva, cuando menos, una ampliación del objetivo de la economía: esta no queda atada a un ideal normativo de acumulación, sino que se asocia a la sostenibilidad humana y ambiental, como de hecho ocurre en la realidad.

Al nombrar el sistema económico como ‘social y solidario’ se hace al mismo tiempo una constatación y se expresa un objetivo de futuro. En buena medida las iniciativas y prácticas económicas de parte de la población se basan en el trabajo y buscan satisfacer necesidades de vida, no acumular riquezas.

Son innovaciones destacadas: los nuevos conceptos de soberanía alimentaria y económica, la reconceptualización de trabajo y el reconocimiento de todas sus modalidades, incluido el de autosustento y cuidado humano; el reconocimiento de la diversidad de formas de producción, de propiedad, de intercambios económicos, del sistema financiero. Las formas y modalidades asociativa, comunitaria, cooperativista, popular, solidaria pasan a ser vistas, en todos estos campos además de la pública, privada y mixta.

Constituyen avances de fondo los enunciados sobre democratización de los factores de producción, la nueva perspectiva sobre endeudamiento e inversiones. Tanto desde la planificación, como desde la definición de sectores estratégicos, se devuelve al Estado un rol fundamental en la economía y en la redistribución.

Las posibilidades de cumplimiento efectivo de los roles del Estado se fortalecen a través de la adopción de ‘sistemas’ (de planificación, de inclusión y equidad social, de salud, de educación, etc.). Es un Estado que tiene ante sí el desafío no sólo de planificar y regular, sino de garantizar a la población el acceso a servicios que han recuperado o adquirido carácter universal y gratuito, como la educación por ejemplo.

Se trata, en suma, de un amplio conjunto de innovaciones, cuyos pilares son la afirmación de soberanía, la recuperación de lo público y de los roles estratégicos del Estado, la desprivatización, el reconocimiento de democracia y diversidad económicas, y la visibilidad de la igualdad económica para las mujeres.

3. Derechos: algunas redefiniciones relevantes

Mucho se ha insistido en el carácter ‘progresista’ de los derechos consagrados en la Constitución del 98. Esta apreciación general no repara en que entre ellos se encontraban algunos formulados en clave neoliberal: libertad de empresa, de contratación, derechos de propiedad, de trabajo, de consumo. Estos se complementaban con conceptos o denominaciones repetidos a lo largo de ese texto. Por ejemplo, la denominación de ‘empresa’, o ‘sector privado’, se impusieron a todas las iniciativas, actividades o unidades económicas.

Esos derechos se cuentan entre los temas polémicos y sensibles en el actual camino constitucional, al punto que, en algún caso, su reformulación quedó, por así decir, a medio camino. Un brevísimo repaso arroja este balance:

. Derecho a desarrollar actividades económicas

La Constitución del 98 consagraba: ‘La libertad de empresa, con sujeción a la Ley’ (art. 23).

En las propuestas del Movimiento de Mujeres prevalece otra perspectiva, la del reconocimiento de las diversas modalidades o racionalidades de la economía, de las lógicas productivas, de las formas de trabajo y propiedad. De ahí, y en concordancia con el nuevo concepto de régimen de desarrollo, deriva la redefinición plasmada en el actual enunciado:

“El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental” (art. 66, 15).

Pueden entenderse aquí comprendidas todas las formas de hacer economía, no sólo aquellas que tienen como base y finalidad al capital (es decir las empresas). Esto se complementa con la sustitución del término ‘empresa’, que atravesaba el texto del 98, por el más general e incluyente de ‘unidad económica’, cuando es del caso.

. Derechos del trabajo

La Constitución del 98 dice: “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia” (art. 35).

Este derecho se había mantenido en los límites de los “derechos constitucionales que tradicionalmente han precautelado las relaciones entre trabajadores y empleadores”. La propuesta del Movimiento de Mujeres apuntó a salir de este marco del derecho al trabajo como sinónimo de empleo en relación de dependencia. Propuso que el trabajo es la base de la economía, planteando el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y reproductivo.

Los nuevos enunciados sobre trabajo representan un avance verdaderamente histórico:

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía….” (art. 33); y “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de las labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores” (art. 325).

Este enfoque democratizador del trabajo se refuerza en los enunciados relativos a inclusión y no discriminación, igualdad de género, derechos reproductivos en el espacio laboral.

Colocar el trabajo como base de la economía supone el reconocimiento de un hecho básico, pero también contribuye a revertir prácticas y valoraciones especulativas y depredadoras asociadas al mercado. Reconocer todas las formas del trabajo y su carácter productivo hace justicia histórica con ámbitos, personas y colectividades que habían sido despojados de su estatus económico y de los derechos correlativos.

De cara al trabajo reproductivo no remunerado, no se trata ya sólo de hacerlo visible, ni de otorgarle en el papel un estatus productivo, sino de considerar las condiciones que harán posible llevar el enunciado a la realidad, es decir, ver la economía en su integralidad, ver las dimensiones reproductivas del sistema económico, y reconsiderar los objetivos de la economía, perspectiva presente en el régimen de desarrollo.

. Derechos de propiedad

El nuevo texto, sometido a revisiones y negociaciones, reconoce: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas” (art. 66, 26). La propiedad se retoma luego como parte del régimen de desarrollo [4].

En conjunto, en esos artículos se contemplan avances importantes y se mantienen invariables otros, por ejemplo los alcances de la expropiación y la propiedad intelectual (aunque introduce alguna excepción). Se comprometen políticas públicas para el acceso, pero sin colocarlas con claridad en función de su democratización; se avanza en el reconocimiento de la ‘función ambiental’, sin definir ni ésta ni la social; se reconoce de manera explícita diferentes formas de propiedad y se profundiza el enunciado sobre igualdad de género.

Aspectos relativos a propiedad se abordan también en otras secciones. Queda ratificada la propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado sobre los recursos naturales no renovables [5], y el al igual que la de las nacionalidades y pueblos indígenas sobre sus territorios.

Propuestas redistributivas se encuentran en democratización de los factores de producción, donde se promueve un acceso equitativo, para lo cual se deberá ‘evitar la concentración o acaparamiento…promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades…” (art. 334, 1). Lo mismo en soberanía alimentaria, donde se asigna como responsabilidad del Estado “promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos” (art. 281, 4).

4. Desafíos

- Conocimiento y apropiación de los nuevos enunciados y contenidos, vistos en sus interrelaciones e integralidad.

- Afirmar una posición de cambio del país, de transformaciones que nos lleven a superar el neoliberalismo y el patriarcado, lo cual supone ver las conexiones de los derechos con el modelo.

- Visualizar una agenda para derivar hacia políticas públicas e iniciativas sociales los avances logrados.

P.-S.

Documento presentado en el Evento Los DESCA en la mira “Una demanda del Movimiento de Mujeres”, Guayaquil, 8 de agosto 2008.

Notas

[1] Carrasco, Cristina, 2003.

[2] Art. 275 -339

[3] Art. 283

[4] Art. 321 – 324

[5] Art. 408


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