1. El origen de la coyuntura desestabilizadora
Si bien la derecha conspiró contra el gobierno de Rafael Correa Delgado desde su instalación [1], paradójicamente el golpe como un proceso orientado a derrocarlo y derrotar el proceso constituyente por él liderado, se originó con la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) [2], a fines de septiembre del 2009, en rechazo a la Ley de Recursos Hídricos y para retener su manejo de las instituciones públicas orientadas al sector indígena en educación, salud y desarrollo, abriendo la coyuntura desestabilizadora que tendría su hito un año más tarde, el 30 de septiembre del 2010, con la insubordinación de sectores de la Policía [3] y el secuestro e intento de asesinato del Presidente de la República.
En efecto, hace exactamente un año, se fue gestando un acercamiento entre la CONAIE, el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE) – Movimiento Popular Democrático (MPD) [4] y el gremio de la Unión Nacional de Educadores (UNE), declarado en huelga el 15 de septiembre con apoyo de sectores estudiantiles controlados por el MPD, en rechazo a la evaluación de los docentes, así como una aproximación a sectores de empleados públicos inconformes con las regulaciones de la contratación colectiva. Con todos estos sectores, la derecha tradicional, y la nueva derecha del Partido Sociedad Patriótica (PSP) [5], ha mantenido alianzas durante todo este proceso. El punto emblemático de arranque de la coyuntura está marcado por la muerte del profesor shuara Bosco Wizuma el 30 de septiembre del 2009, en Macas (capital de la provincia de Morona Santiago) -en el marco de la movilización de la CONAIE- a causa de perdigones disparados inadvertidamente –según las investigaciones forenses- por algún miembro de su propia comunidad, muerte en torno a la cual la CONAIE, Pachakutik y el MPD articularon un discurso de oposición, caracterizando al gobierno como represivo, autoritario y hasta “fascista”, al acusarle de la muerte del docente. Todo esto orquestado por los grandes medios de comunicación privados, convertidos en el Partido Medial de Derecha.
Ese conjunto de acontecimientos rubricaron la política de “distanciamiento” creciente de varias organizaciones, sectores de intelectuales [6] y de movimientos sociales respecto al gobierno de la Revolución Ciudadana, planteada por el Movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS), incluyendo el “distanciamiento” de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), un aliado del gobierno que, a mediados de año, se sumó también a esa política, influyendo, cual juego de dominó, en un grupo de asambleístas del Partido Socialista-Frente Amplio (PSFA), lo cual profundizaría el debate interno en ese partido en torno a la continuidad del apoyo al gobierno, impulsado por la tendencia unitaria, y aquella que propugnaban los autodenominados “históricos”, de declararle la oposición, de cara a su Congreso Nacional “Sócrates Ponce” del 10-12 de septiembre en Portoviejo, Manabí [7].
Es decir, la coyuntura se abría con una crisis de legitimación del régimen, porque de su alianza original de apoyo se desgajaban fuerzas identificadas con la izquierda que el gobierno decía representar, especialmente el emblemático “movimiento indígena” encarnado en la CONAIE y la FENOCIN, entre otras organizaciones. Dado que el gobierno del Presidente Rafael Correa no se sustenta en una alianza orgánica de clase, sino en una alianza multiclasista inorgánica, es decir, sin una base y hegemonía de clase definida [8], la oposición de la CONAIE, Pachakutik y el MPD, y el distanciamiento potencial de la FENOCIN y el PS-FA, que movilizan a sectores medios y populares definidos, constituyó un debilitamiento conspicuo de la base de sustentación del gobierno, y, por ende, de su proyecto de reforma económica, social y política.
Este hecho prolongaba su carácter de gobierno en disputa [9] en torno a su orientación estratégica: o promover los cambios en el marco del modelo corporativo-neoliberal de sociedad y su tipo de régimen político, o rebasarlo e impulsar un tránsito hacia un nuevo modelo alternativo de sociedad y de Estado. La respuesta del gobierno a ese nudo crítico, fue la de balancear mejor su gabinete en el primer cuatrimestre del 2010, con la incorporación de técnicos/as e intelectuales identificados con tendencias progresistas y de izquierda. Esta respuesta, circunscrita al terreno estatal, era insuficiente, sin embargo, para resolver una crisis en la alianza social de sustentación del régimen que implicaba, adicionalmente, orientar su acción hacia la recomposición de las relaciones con los actores de la sociedad civil.
El momento evidenciaba la complejidad del gobierno y del proceso constituyente y mostraba que el proyecto no afectaba solo a los intereses de la oligarquía. Paradójicamente, la política mercantilista, privatizadora y debilitante del Estado que caracterizó al neoliberalismo, había ido creando nichos funcionales de poder en las instituciones controladas por estos sectores medios, que, articulados por conceptos y prácticas corporativos, habían sido beneficiarios del prebendalismo propio del sistema oligárquico, y ahora resistían tenazmente las reformas de fondo en sus respectivos espacios, abrazando la disyuntiva del gatopardismo, es decir, “reformar” para que todo siga igual [10].
El corporativismo ha sido un rasgo típico del sistema político ecuatoriano a lo largo del siglo XX. Constituye un mecanismo de representación de los intereses económicos de los grupos sociales organizados caracterizado por: a) suplantar, o al menos, hacer prevalecer la esfera de los intereses privados por encima de los intereses públicos o colectivos, lo que significa negar la democracia general del pueblo como posibilidad histórica; b) expandir/conservar las “conquistas” gremiales de sus “grupos de interés” ya obtenidas, conceptuadas como derecho irrenunciable; c) eludir el reconocimiento de los derechos y obligaciones de cada ciudadano como una condición universal (de todos), por encima de sus intereses, logros y conquistas gremiales; d) hacer prevalecer la representación de los gremios, sindicatos y corporaciones en general, por encima de los partidos políticos (es antipartidario). El corporativismo ha bloqueado el desarrollo democrático del país al debilitar a los partidos políticos, convirtiéndolos en entidades corporativas o constituyéndolos en apéndices de los gremios [11].
Ha sido justamente durante este ciclo cuando se han exacerbado en la sociedad los intereses corporativos, en el marco del debate de catorce proyectos de leyes fundacionales, y a medida que se ha acentuado la influencia ideológica de una elite empresarial y gerencial ---pública y privada— con gran capacidad de gestión y con fuertes lazos con la pequeña burguesía universitaria, sobre el movimiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros movimientos sociales como el sindical, incidiendo en su alejamiento del gobierno. Esto se evidenció el 1 de mayo del 2010, cuando el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya no acompañó oficialmente al desfile del gobierno por el Día Internacional del Trabajo en Quito, marcando la distancia de los gremios del proyecto político.
A esto debe añadirse que, por la misma época, pretendían constituirse liderazgos de derecha no partidistas y construidos en torno al nuevo discurso ciudadano –como el del periodista Carlos Vera- que ya por entonces lanzó su propuesta de revocatoria del mandato del Presidente Correa.
Por otro lado, el inicio de la presente coyuntura estuvo marcado también por una decisión proveniente del Estado: la postergación de la aprobación de aquellas leyes que, según mandato de la nueva Constitución, debían aprobarse hasta noviembre del 2009. Sin embargo, se pospuso su procesamiento hasta el 14 de febrero del 2010, y se las seguiría postergando, lo que debilitaría el tiempo político favorable a la reforma, en el marco de un cambio en la correlación de fuerzas que iba reclutando, en torno a la oposición de derecha, a nuevos aliados de una izquierda corporativa, funcional al neoliberalismo. Las respuestas dadas por parte del gobierno fueron en la misma dirección ya señalada: la de contraer el músculo estatal. Es decir, se siguió respondiendo solo desde el Estado y no desde el movimiento, las alianzas, las políticas de concertación, porque se pensaba que los problemas en torno a las leyes debían ser manejados por la Legislatura, y aquella debía recuperar protagonismo frente a los sectores sociales.
Esta crisis también se expresó en las fallas de la comunicación simbólica gubernamental y la subutilización de los medios públicos como espacios de interlocución con los grupos sociales. Así, se careció de una “pedagogía” de presentación de las leyes (Aguas, Educación Superior, Comunicación, etc.) y de vocerías e interlocutores que explicasen sus beneficios y pudiesen contrarrestar las versiones negativas, magnificadas por la caja de resonancia de los grandes medios de comunicación privados.
En ese contexto, se fijó en el imaginario de la oposición, incluidos esos sectores que desertaban del proyecto, la imagen de que el Presidente estaba cercado y que su popularidad “estaba a la baja”. La concentración en la emblemática Plaza de San Francisco en Quito, convocada por el gobierno a principios de octubre del 2009, si bien fue multitudinaria, expresaba la movilización de sectores sociales de origen popular y rural, así como de grupos sociales semiproletarios y proletarios no organizados sindicalmente.
Pero, la clase media urbana, inserta en la administración pública de la capital, en una ciudad burocrática como Quito, brilló por su ausencia, evidenciando que el “forajidismo” [12] quiteño, que inicialmente apoyó, aparentemente había abandonado al gobierno, y que a octubre del 2009 se había desgajado de dicha alianza.
Los meses siguientes atestiguaron la radicalización de esa oposición sin tregua (la del “todo o nada”) respecto a los proyectos de leyes fundacionales, mientras se continuaba fraguando la coalición entre fuerzas antes encontradas que impúdicamente se unían en contra del proceso constituyente. Como ejemplo de esta sinrazón, recordemos la reunión entre la dirigencia de la CONAIE con la ultraderechista Junta Cívica de Guayaquil en marzo del 2010, que evidenciaba el acercamiento de una organización que había sido la fuerza hegemónica de la izquierda en los años 90, con el núcleo duro, orgánico, de una conspiración en ciernes denunciada por el Presidente Correa en enero del 2010 [13], reunión que no sorprende cuando nos enteramos que altos dirigentes indígenas (como Lourdes Tibán), pertenecen a organizaciones financiadas por organismos estadounidenses creadas para promover la desestabilización de los gobiernos de izquierda latinoamericanos [14].
Mientras tanto, dentro del partido aliado del gobierno (el PSFA), este momento se caracterizaría por la intensificación de la lucha político-ideológica hacia un desenlace que podría llevar a su potencial fractura y al debilitamiento político-simbólico del régimen. Sin embargo, el desenlace de la lucha entre la “tendencia unitaria socialista” y la corporativa (los “históricos”) a favor de la primera, en el Congreso de septiembre, decidiría la continuidad del apoyo al gobierno por parte de esa tienda política, lo cual resultaría clave en la movilización social [15] y, ciertamente, en la definición de la identidad política de la respuesta gubernamental frente a la alianza golpista.
2. Factores estructurales que acompañaron la presente coyuntura (2009-2010)
Lo duradero, lo permanente, lo relativamente más estable y que expresa un ritmo más lento de cambios, ya que apunta a cristalizarse en la larga duración, es decir, lo estructural, se expresó en los siguientes factores de incidencia en la coyuntura.
Por una parte, en el proceso de reforma del modelo económico con la finalidad de dejar como cosa del pasado al neoliberalismo. El gobierno de Correa continuó fortaleciendo al sector público de la economía que, durante tres décadas de los gobiernos seguidores del Consenso de Washington, lo habían desmantelado, incluidas las áreas estratégicas. Con este gobierno se genera un capital social sostenedor tanto de la movilidad de la fuerza de trabajo, como de mercancías, en aras a la creación de un ampliado mercado interno, por medio de la construcción de extensas redes de vías, carreteras, aeropuertos [16], puentes y la ampliación de las comunicaciones en las tres regiones continentales del país, a la par que se estimula la producción de medianas y pequeñas unidades para el mercado interno y de exportación.
Concomitantemente, se expanden los servicios públicos de salud y educación en un movimiento de desprivatización de los mismos. Esta inversión estatal ha permitido también, de manera significativa, enfrentar en condiciones favorables la crisis que agobia al sistema capitalista mundial, sostener unas tasas, aunque moderadas, de crecimiento económico, y rebajar los niveles de pobreza y desempleo en el país [17]. El continuado apoyo popular al régimen se afinca en parte en esta realidad y se expresaría coyunturalmente en la movilización de respaldo al Presidente secuestrado el 30 de septiembre.
Relacionado a ello, un segundo factor tiene que ver con el crecimiento de la inversión pública directamente productiva, que, además, deja fuera del juego de cabildeos por contratos a intereses privados y que está generada por la creación de grandes obras de infraestructura industrial que le dotan al capitalismo de Estado en ciernes, de una plataforma para su desarrollo en importantes sectores como la petroquímica, y la hidroelectricidad para la generación de energía más barata [18]. A esto debe añadirse la política de renegociación con las compañías petroleras que debe consumarse, precisamente, en el mes de octubre de 2010, de acuerdo con la disposición transitoria de la Ley de Hidrocarburos reformada, y que está orientada a la modificación de las formas de contratación petrolera (de contratos de participación a contratos de prestación de servicios) lo cual redundará en una rendición mayor de beneficios para el Estado ecuatoriano y una respuesta soberana frente a potenciales reclamaciones y conflictos.
Este nuevo elemento que se va instalando en la estructura productiva nacional avizora, desde ya, un cambio radical en la estructura de inversiones internacionales en la economía ecuatoriana, con la concreción de inversiones de la República Popular China en más de dos mil millones de dólares, de Corea del Sur por la mitad de ese monto y la búsqueda de inversiones en los países árabes y en Irán [19], entre otros del Sur del Mundo. Esta diversificación de las alianzas económicas internacionales, debilita un factor estructural: el tradicional vínculo de subordinación de la economía con los EE.UU. Esta política inédita, además, ha ido acompañada de una respuesta política soberana frente a ese mismo país, que se tradujo en la recuperación de la Base de Manta en septiembre de 2009, es decir, por la misma época en la que se abría la coyuntura de desestabilización del proceso constituyente.
A todo ello se suma un tercer elemento que también desafía el vínculo de subordinación imperialista: la conversión del Ecuador, durante la Presidencia de Rafael Correa, en actor emergente en la escena internacional, al menos dentro de la región, en la cual ha incidido, influido y adquirido un peso relativo de significación, tanto en el proceso de integración de los países de América Latina, como en la presentación de iniciativas bajo su liderazgo (al interior de Unión de Naciones Sudamericanas -UNASUR-, presidida por Ecuador en el último año; la iniciativa Yasuní-Ishpinku Tambukucha-Tiputini-Yasuni-ITT-; la presta e importante solidaridad con el pueblo y Gobierno de Haití; la promulgación de una política a favor de una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sin Estados Unidos ni Canadá; y el impulso a la ALBA entre muchas otras de relieve internacional), y, ciertamente, por su coherente política soberana, de rescate de los valores internacionales aplicada desde la Cancillería dirigida por Ricardo Patiño.
Un cuarto elemento de índole estructural, se refiere a la reforma del Estado que busca romper con el orden oligárquico, funcional al neoliberalismo de los últimos treinta años. Al convertirlo en un aparato subsidiario al capital financiero internacional, el modelo neoliberal debilitó absolutamente el rol rector del Estado en las políticas públicas y su capacidad de integración y cohesión nacionales, favoreciendo el fortalecimiento de los grupos oligárquicos regionales y sus tesis “autonomistas”, así como el de aquellos micropoderes fácticos que se consolidaron en las instituciones públicas ante la desbandada del Estado (burocracia civil, policial y militar, aparato escolar y universitario, sindicatos públicos, etc.) y que también se constituyen en defensores de sus “autonomías”, a fin de mantener la cultura del prebendalismo, corporativismo, clientelismo y la mediación imperante de la corrupción (caso paradigmático ha sido el de la Policía Nacional harto conocida por sus altísimos niveles de corrupción).
Cabe señalar que esta estructura estatal y su cultura institucional reproducen las condiciones seculares de bloqueo a la democracia social y política que exhibe el Ecuador desde la fase de fundación democrática (1979 en adelante), en la medida en que garantizan la concentración de poder y riqueza en pocas manos, y, por ende, mantienen las históricas asimetrías (social, de género, étnicas) propias del orden oligárquico.
La reforma del Estado, justamente busca su nacionalización, democratización y modernización, erradicando esa estructura y cultura institucionales propia del modelo oligárquico-neoliberal, debilitando los núcleos autoritarios del Estado (v.gr., el rol “garante” de la democracia por parte de las FF.AA.); desmantelando el control de la CIA de los aparatos policiales y militares; recuperando la rectoría del Estado en las políticas públicas para dotar de coherencia, eficiencia y eficacia a la acción estatal y cumplir objetivos y metas estratégicos para el país; desarrollando institucionalidad en el territorio para lograr la integración y cohesión nacionales, acompañada, además, de un nuevo discurso público que desplaza el discurso separatista, regionalista, clientelista y degradante de la oligarquía, funcional a la geopolítica imperial; construyendo ciudadanía, al generalizar derechos y obligaciones universales y cortar privilegios, en una sociedad y Estado acostumbrados a considerar la política como la reproducción y/o ampliación de privilegios; redistribuyendo recursos para disminuir las inequidades.
Este proceso se inició con la aprobación de la Constitución de Montecristi en el referéndum del 29 de septiembre del 2008, abriéndose una fase de transición institucional en el marco de la cual debían aprobarse –hasta noviembre del 2009- un conjunto de leyes orientadas a materializar la reforma del Estado, a darle el carácter de irreversible y, por ende, a definir el rumbo ascendente del proceso constituyente iniciado en el 2007. La fase de transición institucional, sin embargo, no ha concluido. Por el contrario, se ha extendido hasta el momento actual, en el marco de la ya referida dilatación, por cierto no voluntaria de la mayoría parlamentaria, en la elaboración y aprobación de las leyes, en medio del laberinto de presiones, consultas y existencia de una mayoría inestable, que ha generado –muy a pesar de su dirección-, un espacio de negociación con la derecha y el corporativismo en la Asamblea, contrario al espíritu constituyente, otorgándoles más tiempo a las fuerzas pasadistas para preparar su arremetida contra el gobierno [20]. No sorprende que sectres de ella hayan estado acompañando a los golpistas. Así, el ciclo verifica una agudización de las contradicciones entre el gobierno y la oposición de esa derecha híbrida ampliada, que el 30 de septiembre demostró una voluntad política coaligada para frenar el proceso de cambios estructurales, por la vía del golpe de Estado.
3. El intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010
El 30 de septiembre del 2010, exactamente un año después de iniciada la coyuntura actual, sincronizadamente, grupos de policías se negaron a trabajar en todo el país, a excepción de las provincias de Sucumbíos y Galápagos, en protesta por la promulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público orientada a establecer una relación ciudadana entre el Estado y los servidores públicos, incluidos militares y policías. Es evidente que la universalización de derechos y deberes irritó a la burocracia en general, particularmente, a la burocracia policial y militar, que gozó de un tratamiento privilegiado durante décadas por varios gobiernos, desatando una violenta insubordinación: ese día, decenas de policías se “tomaron” los cuarteles o se concentraron en éstos negándose a salir a las calles y hasta manifestaron con gritos y quema de llantas [21]. De modo preocupante, entre los sublevados se contaron varios encapuchados uniformados y vestidos de civil.
El plan de acciones combinadas incluyó la toma efectiva del aeropuerto de la Base Militar y el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital por miembros de la Fuerza Aérea que poco después entregaron su operativo a la Unidad Antidrogas del mismo aeropuerto, un equipo tradicionalmente entrenado por la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense. Concomitante a estos sucesos, se desarrollaba una “protesta” de algunas decenas de militares en el Ministerio de Defensa que salieron del edificio principal a tomarse la plazoleta de La Recoleta en Quito, mientras se daban mítines de protesta contra el gobierno por parte de varios grupos de policías directamente inspirados en el discurso gutierrista en diversos sitios de la capital y en la gran mayoría de provincias del país.
Todo ello ocurría el preciso día en que el Vicepresidente de la República, Lenin Moreno –- el primero en la línea de sucesión presidencial — arribaría a Guayaquil desde Nueva York luego de asistir al sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, aislado, no podría venir a Quito, como quiso, en un gesto de lealtad que le honra, a solidarizarse con el Presidente herido, y a quien –según su testimonio- se le insinuó asumir la Presidencia [22]. Y “coincidencialmente”, acontecía también el preciso día en que las y los gobernadores provinciales –es decir, los representantes del Ejecutivo en cada una de esas jurisdicciones regionales y directos Jefes Civiles de la fuerza pública acantonada en ellas- habían sido convocados a Quito a una reunión de trabajo. Una vez desatado el operativo golpista, ellas y ellos salieron precipitadamente hacia sus localidades y comprobaron que en algunas se planeaba “la toma” de sus Gobernaciones! Ya para media mañana, se había consumado el secuestro del Presidente. Su aislamiento en el hospital de la Policía estaba en marcha, aparentemente justificado por el agravamiento de su rodilla, recientemente operada.
Sin embargo, esta “sublevación” no fue solo una respuesta corporativa de un aparato del Estado a una política pública. En realidad, se enmarca en un proceso inserto en el desenlace de una coyuntura conspirativa, desatada en 2009, hacia un golpe de Estado, definido como “un mecanismo forzado de transmisión del mando, preparado y realizado con el uso o la amenaza de la violencia armada, consistente en la penetración de un pequeño pero crítico segmento del aparato estatal, que se usa luego para desplazar al gobierno del control del resto del Estado” (Luttwark, 1969:12). Tal como precisamente se intentó que ocurra. El golpe de Estado, además, constituye un hito dentro de un proceso que evidencia señales del mismo a lo largo de un ciclo determinado. El del 30 de septiembre en Ecuador ya fue anunciado por el Presidente Correa en enero del 2010, cuando denunció una conspiración para desestabilizar su gobierno por parte de militares influidos por el Partido Sociedad Patriótica, denuncia que debe haber retrasado su ejecución [23].
Pero, ¿por qué un golpe de Estado este momento? Y, ¿por qué el protagonismo de la policía? Porque la agenda programática de la reforma se encuentra en un punto de inflexión ante la inminencia de la aprobación de leyes, por parte de la Asamblea [24], que cerrarán la transición institucional y definirán el rumbo del proceso constituyente. Se vienen, además, medidas como la venta de los medios de comunicación por parte de banqueros y empresarios ordenada también por la Constitución y cuyo plazo de ejecución es, justamente, este octubre del 2010 [25], medidas que, indudablemente, mermarían su poder político si consideramos que hoy los medios de comunicación han reemplazado a los partidos políticos como vehículos de representación de intereses de los grandes grupos económicos, en la escena. En su desesperación por torcer el proceso, los poderes fácticos nacionales e internacionales aliados a los micropoderes instalados en el viejo Estado oligárquico que se busca reformar, desencadenaron lo que a la postre devino en un “putch”, sin reparar en la gran legitimidad y apoyo ciudadano al Presidente Correa y su gobierno [26].
Testimonios y constataciones han evidenciado la participación y adhesión a la “sublevación” de dirigentes y militantes de partidos y movimientos de derecha (PSP, Partido Socialcristiano –PSC-, Madera de Guerrero), especialmente el PSP, ya implicado en proyectos desestabilizadores meses atrás. Durante la asonada, este partido registró mediaciones con los “sublevados”, así como pronunciamientos de algunos dirigentes que revelaban su conocimiento y anuencia con el complot [27]. A medida que avanzan las investigaciones, aumentan las evidencias del alcance siniestro de su participación como mentalizador del magnicidio [28]. El intento de golpe también contó con el apoyo activo y sincronizado del Movimiento Popular Democrático (MPD), en todas las provincias en las que ejerce control y ascendencia sobre el movimiento estudiantil. La sincronización entre policías y MPD fue evidentemente planeada: se registró en Quito, en donde estudiantes de varios colegios se movilizaron en contra del gobierno, cerrando calles, quemando llantas y lanzando consignas contra el gobierno; en la provincia de Cotopaxi, 400 estudiantes de la Universidad Técnica se “tomaron” el edificio de la Gobernación y maltrataron a 40 personas del gobierno que estaban concentradas ahí, sacándolas del edificio; en la provincia del Azuay, también se movilizaron en apoyo a la policía; en Morona Santiago, se aliaron a un sector de Shuaras y se tomaron la Dirección de Educación Bilingüe; en Esmeraldas, quisieron tomarse la Gobernación; también en la provincia de Cañar pretendieron tomarse la Gobernación junto con la Policía; en Santo Domingo de los Tsáchilas, unas decenas de simpatizantes del MPD marcharon contra el gobierno mientras en la provincia del Guayas la dirigente de la UNE, Mary Zamora, movilizó a estudiantes del Colegio Aguirre Abad en respaldo de la “sublevación policial” y en contra del gobierno. [29] Por otro lado, se registró un apoyo pasivo de la CONAIE y sus filiales a la sublevación, traducido en su inmovilismo frente a la crisis, también en sus zonas de influencia, así como en las declaraciones de adhesión a la “sublevación” policial por parte de la dirigencia del MUPP-NP ( Pachakutik).
En cuanto al rol protagónico de la Policía en el intento de golpe, no sería fortuito [30]. Una de las ideas fuerzas del discurso mediático de la derecha, orientada a deslegitimar al gobierno desde su instalación (2007), ha sido, justamente, la de la “falta de seguridad ciudadana”, por el “aumento de la delincuencia”, idea que se recalca cotidianamente en los noticieros de radio, televisión y en las páginas de los periódicos. La ausencia de policías en las calles generalizaría el “caos” (en Guayaquil, por ejemplo, hubo robos y saqueos, expeditamente cubiertos por los medios) lo cual proporcionaría un pretexto justificado para el golpe. De hecho, los titulares de la prensa del 1 de octubre, enfatizaban en el “caos” vivido, pese a que una evaluación objetiva del comportamiento de la gente, en ausencia de gendarmes en las calles, podría llevar a una conclusión contraria. La cobertura nacional de los medios de comunicación públicos posibilitó que el discurso en torno al “caos” de los medios empresariales, fuese neutralizado el 30 de septiembre, estrategia que los enfureció, dejando en evidencia su complicidad con el golpe y su frustración por el desenlace favorable al gobierno.
Para ocultar su complicidad y reducir su desprestigio ante la población, los medios de comunicación privados fabricaron un discurso cínico y alucinatorio, ya evidenciado en otras coyunturas [31], orientado a minimizar la realidad, a trivializarla y hasta a ocultarla, discurso en torno al cual se han alineado todas las fuerzas conspiradoras y opositoras (incluidos CONAIE, Pachakutik y MPD). Ahora resulta que no hay hechos sino “versiones” de los mismos [32]. Se desnuda la ideología como falso discurso con fuerza material, algo que la derecha mediática lo sabe y lo utiliza. De hecho, se ha desenmascarado su voluntad política para crear realidad o velarla a partir de la manipulación ideológica [33].
Empero, la represión generalizada por parte del sector sublevado de la Policía que incluyó armas de fuego, el cerco inmovilizador del Presidente por once horas en un hospital de la Policía, las escalofriantes órdenes cruzadas entre policías de asesinarlo, incluyendo la fatídica orden de llevarlo a Nono [34] y, finalmente, su liberación a cargo de un operativo combinado del ejército y grupos policiales, vistas y escuchadas por toda la ciudadanía a través de la señal de la televisión pública, no son interpretaciones, sino hechos históricos. El saldo de 8 muertos y 275 heridos, incluidos el mismo Presidente de la República y su Canciller, tampoco constituye una realidad virtual, como quieren hacerlo creer ciertos medios, la derecha y sus fuerzas auxiliares. Por el contrario, constituyen evidencias de un abierto intento desestabilizador del régimen político democrático respaldado por potentes factores de poder que se mueven en las sombras, agazapados en sus partidos, gremios y corporaciones. Pero, ¡claro!, si los medios, la derecha y sus fuerzas auxiliares reconocieran que hubo golpe, tendrían que condenarlo y apoyar al gobierno: un contrasentido en su política conspirativa. Por cierto, ese discurso debe leerse como una advertencia de que la conspiración continuará.
Los acontecimientos del 30 de septiembre demuestran que la democracia ecuatoriana continúa siendo una democracia sitiada, es decir, una democracia intervenida por el aparato represivo, autoritario del Estado, en tanto es éste el que dirime en torno a los conflictos políticos en curso en la sociedad civil y no ha sido convertido en una fuerza de apoyo al proceso de cambio. Nuevamente, la continuidad democrática estuvo en manos del Comando Conjunto de las FFAA, de quien la sociedad esperó –una vez más- su respuesta como actor dirimente. De ahí que no pueda descartarse que sectores influyentes de las FF.AA. no hayan estado involucrados en la conspiración. De hecho hubo conatos de sublevación militar que fueron sofocados, aparentemente, vía negociación de demandas corporativas en medio del golpe en proceso, lo que retrata de cuerpo entero el grado relativo de lealtad institucional de los sectores de la fuerza pública. Esto implicaría que el proceso constituyente y sus discursos y prácticas en torno a la democracia, no han mediado, o han mediado muy débilmente, en los aparatos policiales y militares, y, por ende, conceptos como el de “subordinación al poder civil”, no están encarnados en dichas instituciones. Pero, más allá, delata que el Estado ecuatoriano esencialmente no ha cambiado su carácter orgánico de clase. El odio con el que los policías respondieron frente a las personas que se movilizaron para defender al Presidente secuestrado, es revelador de ello.
Conclusiones
1. El momento actual del fallido golpe de Estado en Ecuador, el quinto en América Latina en esta década [35], se originó un año antes a partir de la gestación de una coalición de fuerzas sociales y políticas provenientes de distintos y aparentemente contradictorios confines del espectro político. Es un momento en el que se condensan contradicciones en torno a políticas públicas tendientes, por una parte, a desarticular las mediaciones oligárquicas e imperialistas en el Estado, fortaleciendo su rol rector en la política económica que así, deja de ser palanca de acumulación exclusiva de poderosos intereses privados, locales e internacionales. Por otra parte, estas políticas también se orientan a erradicar la sobredeterminación del corporativismo (de distintos signos políticos) del espacio público en aras a crear un Estado Nacional moderno.
En contrarresto a este proyecto político alternativo, ese año, se evidenció la existencia de movimientos conspirativos y diversas denuncias de intentos de magnicidio. Cabe señalar que concomitantemente se iba profundizando la influencia del Partido Sociedad Patriótica (PSP), organización identificada como la principal responsable del intento del golpe, con fuertes mediaciones con intereses de grandes grupos económicos conectados al capital monopólico y entregada a la oligarquía que apostó por ella en la última campaña electoral presidencial. Precisamente, durante este año el PSP se había volcado a organizar su campaña de recolección de firmas para habilitarse como partido legalmente constituido, precisamente con el apoyo se sectores policiales y militares [36], sectores comprometidos luego en la asonada.
2. Cuando algunas organizaciones políticas y sociales tradicionalmente consideradas de izquierda se declaraban en oposición y se distanciaban del gobierno, coaligándose en una postura golpista, se generaba una crisis de legitimación del régimen, pues disminuía la representación político-ideológica de sectores antes afines, crisis orquestada por los medios de comunicación privados cuyos intereses se han afincado en detener y frustrar el proceso de cambios estructurales a ser viabilizado por las catorce leyes orgánicas fundacionales de un nuevo orden político.
De lo anterior se colige que el terreno político-ideológico de la izquierda se desdibuja en esta coyuntura de definiciones del rumbo del proceso constituyente, al escindir el campo entre los proyectos corporativos -que dominaron la tendencia durante el siglo XX- y un proyecto político que emerge como su acumulado histórico en el 2006, pero desde fuera de la militancia orgánica [37]. Así, ciertos partidos y movimientos sociales identificados antes como de “izquierda”, dominados por la corporativización de sus demandas, se estancaron en las reclamaciones gremiales inmediatas y cosificaron sus intereses a los logros del pasado, desvinculándose de un proyecto radical reformador, universalizador de las demandas sociales y orientado a incorporar a todas y todos a la participación política. En ese sentido, la reforma del Estado complejizó el proceso constituyente y mostró sus efectos sobre ciertos nichos funcionales al orden oligárquico-neoliberal en las instituciones controladas por estos sectores medios y populares sindicalizados, que por su corporativismo se aliaron con el sistema oligárquico, convirtiéndose en esta coyuntura en fuerzas auxiliares de la derecha. En ese sentido, el punto de inflexión en la reforma del estado, tiene su correlato en la sociedad civil, pues esta coyuntura marca también un punto de inflexión en los conceptos y prácticas de la izquierda, posibilitando dar el anhelado salto de una plataforma típicamente reivindicativas y economicista, a una ampliamente política, es decir , con un proyecto pensado como incluyente de todos los sectores sociales del país, y volcado a la construcción permanente del cambio anhelado en una democracia general del pueblo como posibilidad histórica siempre ascendente. Se plantea, así, la necesidad de elaborar conceptos que definan políticamente a estos actores y que escindan campos de éstos con una Nueva Izquierda. Se trata de identificar “quiénes son los amigos del pueblo”, los aliados reales del proyecto de cambio en este proceso constituyente y plantear una clara política de alianzas con ellos.
3. Cabría entonces preguntarse: ¿Qué pasa con el gobierno en disputa luego del desenlace? Frente al intento de golpe, la respuesta política del gobierno ha sido la de “radicalizar el proceso”, es decir, de empoderar a su tendencia de izquierda, planteándose, además, la urgente necesidad de trabajar en la organización política del pueblo, en la construcción y comunicación de redes, en la elaboración de estrategias preventivas y de acción frente a la desestabilización, en la eficiencia de la movilización. La estrategia organizativa es vital si se parte de la premisa de que mientras se mantenga la agenda de cambio, la conspiración en ciernes y los intentos de golpe de Estado continuarán. El golpe se torna una función latente. La crisis política, por lo tanto, está lejos de superarse en la medida en que la incandescencia de la coyuntura se acentuará frente a la aprobación de leyes que seguirán confrontando a esos poderes y micropoderes. Incluso los gremios populares corporativistas y conservadoras ya están activos, a este respecto. Sin embargo, la “radicalización” y “organización política” de las masas, para ser exitosa, debe articularse a la construcción orgánica del proyecto, es decir, a la definición de una hegemonía de clases que le dote de alcance estratégico y lo enraíce con los sectores sociales que lo puedan defender frente a la alianza golpista.
4. La persistencia de una democracia sitiada es, indudablemente, una amenaza para el avance del proceso constituyente. El “putch” evidenció que la inteligencia policial y militar tiene eficientes canales informales, seguramente con fuertes nexos con los poderes conspirativos, pues, de otro modo no se explica la desinformación sobre la conspiración en curso por parte de los canales formales del gobierno. Más aún, la presencia de parapolicías y paramilitares en la asonada del 30 de septiembre, permitiría presumir la continuada presencia de la CIA dentro de la fuerza pública ecuatoriana, a pesar de los esfuerzos del gobierno por depurar su control de los aparatos de inteligencia del Estado.
Pero, por otra parte, la ausencia de una posición unánime por parte de las FF.AA. e incluso de la Policía frente al golpe de Estado, evidenciaría la existencia de tendencias encontradas en torno al proceso constituyente (v.gr, reformistas, corporativistas, derechistas), cuyo peso e influencia habría que determinar en la perspectiva de diseñar una estrategia para neutralizar la conspiración en curso y ganar a los sectores nacionalistas y reformistas al apoyo al proyecto.
6. La crisis del 30 de septiembre arrojó algo inédito: la movilización ciudadana en apoyo al Presidente y su gobierno, casi a los cuatro años de ejercicio del poder, en un país en el que la sociedad se ha movilizado históricamente para “tumbar” Presidentes, lo cual indica que el gobierno dispone de un consenso activo de la población y demuestra que la oposición partió de una premisa equivocada en su proyecto golpista: su pérdida de apoyo popular. El fervor y la decisión con el que el pueblo de Quito fue a rescatar a Correa de manos de sus secuestradores fueron demostrativos de la adhesión de esos sectores al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Ese mismo fervor y decisión se evidenció en todas las provincias del país en las que la ciudadanía se movilizó en marchas, se mantuvo en vigilia, se trasladó de lugares rurales lejanos hasta los ámbitos urbanos para expresar su solidaridad y se declaró en alerta [38]. Es de presumir que la decisión de las FF.AA. de “apoyar la democracia”, se basó en dicha movilización popular. No obstante, hay que señalar que ésta no tuvo una magnitud equivalente a la aceptación masiva del Presidente que arrojan las encuestas, superior al 80% de respaldo a principios de octubre, lo cual evidencia una desorganización de la base social de apoyo al proyecto, así como una débil conciencia política de la ciudadanía que apoya al mismo. Si no cambia esto, el próximo intento no será un “putch”!
Quito a 17 de octubre de 2010
Fuentes
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BURBACH, Robert, 2010. “Ecuador’s President Correa Faces off with Indigenous and Social Movements”. Véase www.nacla.org
CONEA, 2009. “Mandato 14. Informe de evaluación de las universidades y escuelas politécnicas”. Quito, 4 de noviembre.
CONELEC. http://sisgesi.conelec.gov.ec/estat…
GOLINGER, Eva, 2010 “Ecuador: otro golpe Made in USA”. Mensaje en Internet, del 5 de octubre de 2010.
GOLINGER, Eva, 2010. “Veterano de la CIA detrás del golpe en Ecuador”. En http: //es.me282.mail.yahoo.com/mc/showMessage?sMid=3&fid=%2540S%2540S, visitada el 11 de octubre del 2010.
LUTTWARK, Edward, 1969. Coup d’Etat, (Greenwich, Conn: Fawcett Premier Book).
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, 2010. “Cerrando brechas… Construyendo equidad”. Quito: MCDS, septiembre.
QUINTERO LOPEZ, Rafael, 2007, “Conflictos y significados en torno a la Asamblea Nacional Constituyente en Ecuador 2007”, en Enrique Ayala y Rafael Quintero (Editores), Asamblea Constituyente: Retos y Posibilidades, Quito, Ediciones La Tierra, 2007, pags. 49-80 49-80
SYLVA CHARVET, Erika, 2010. “¿Tropezón o extravío?”. Editorial de El Telégrafo, marzo del 2010.
SYLVA CHARVET, Erika, 2010. “Anillo de conspiraciones”. Editorial de El Telégrafo, enero del 2010.
Entrevistas personales y por teléfono a varias personas, octubre de 2010. Varias fuentes de prensa nacionales y regionales.
Notas
* Se denomina así a un golpe de Estado fallido o abortado. El término proviene de la palabra alemana putsch que significa “empujón” y tiene un significado muy cercano al de “golpe de Estado”. Se popularizó como término para denominar un golpe fallido a raíz del protagonizado por Hitler en Munich el 8 y 9 de noviembre de 1923 al que se denominó “Putsch de Munich” o “Putsch de la Cervecería”.
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