El Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente acaba de aprobar en segundo debate un conjunto de diez artículos referidos al trabajo, cuyo contenido marca un avance histórico en el reconocimiento del trabajo en toda su diversidad de modalidades y la consecuente ampliación de derechos hacia todas las personas que lo realizan.
Estos enunciados constitucionales recogen, en buena medida, los planteamientos encaminados por el movimiento de mujeres a la Asamblea, que se orientaron a redefinir el concepto mismo y el alcance del trabajo, recuperándolo como eje de la economía, haciendo visibles las variadas modalidades existentes, sea en relación de dependencia o autónomo, incluidas las labores de autosustento y cuidado humano. Para todas estas formas de trabajo se compromete igualdad de condiciones y derechos para su desenvolvimiento.
Esto resulta fundamental en un país cuya estructura del empleo y del trabajo es muy diversa y que requiere de mecanismos para fortalecer sectores e iniciativas que han sido relegados y hasta estigmatizados, como el trabajo campesino, el trabajo autónomo en general, el trabajo familiar no remunerado, entre otros.
Este enfoque democratizador del trabajo se refuerza en los enunciados relativos a inclusión y no discriminación, igualdad de género, derechos reproductivos en el espacio laboral y economía del cuidado. Todos ellos apuntan a que todas las personas y colectividades puedan trabajar en condiciones dignas. Se sientan las bases para cambios que progresivamente conduzcan a condiciones de justicia e igualdad en el trabajo, sin brechas, segregaciones ni explotación de ningún tipo.
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