Fedaeps  

Cambio civilizatorio

Economía Crítica

Alternativas

Resistencias

Diversidades

Feminismo

Nosotras
30-11-2008

Resumen ejecutivo

Conclusiones del Informe final de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana


Conclusiones

1. En el proceso de auditoria de los créditos, se identificaron características y condicionalidades perjudiciales constantes, coartando, inclusive, cualquier acto de defensa que pudiera intentar el país en resguardo de sus derechos; tales como:

a. Injerencia en asuntos internos del país con la consecuente lesión a la soberanía.

b. Renuncia a la inmunidad soberana del país, a la inmunidad de jurisdicción y al derecho a la defensa y reclamación.

c. Violación de derechos fundamentales de personas y pueblos; así como, irrespeto a los instrumentos internacionales de derecho.

d. Cláusulas abusivas que violentan los derechos del país soberano.

e. Violación de los estatutos del FMI, BM, BID y leyes de los estados prestamistas y prestatarios.

f. Relación asimétrica entre las partes contratantes.

g. Usura y anatocismo.

2. Los organismos multilaterales, la banca extranjera y demás acreedores, con la participación de autoridades y funcionarios nacionales, impusieron sus condiciones al país, forzaron a un mayor nivel de endeudamiento y a sucesivos procesos de “reestructuración” no transparentes que generaron la transferencia de deudas privadas al Estado, canjes y pagos anticipados injustificados, costos onerosos y operaciones directas en el exterior, sin registro en el Ecuador; y provocaron desvíos y distorsiones en el destino de los créditos para atender las exigencias de pago a los acreedores privados del exterior. En el caso de la banca privada internacional, lo hicieron representados por un reducido grupo de bancos: Shearson Loeb Rhoades, Lloyds Bank, Citybank, JPMorganChase.

3. Los puntos anteriores son actos lesivos a la dignidad de la Nación y constituyen violaciones a la Constitución y Leyes de la República del Ecuador. La evidencia obtenida, demuestra la violación continua de la Constitución, Código Civil, Código de Comercio, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Consultoría, Ley de Contratación Pública, entre otras. Existe evidencias de que se habrían cometido delitos de acción pública como: falsedad ideológica, prevaricato, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, quebrantando el orden jurídico con total impunidad, sin que los organismos de control de los gobiernos anteriores hayan intervenido en salvaguardia del patrimonio público.

4. Hay evidencia de inobservancia de principios generales del derecho, que son fuente del derecho internacional público, y de la propia legislación vigente en los Estados Unidos y demás países acreedores, a cuya jurisdicción se sometieron los contratos de endeudamiento. Se desconocieron los pactos internacionales y doctrinas jurídicas comúnmente aceptadas entre las cuales se destacan los siguientes conceptos: autonomía de la voluntad, deuda odiosa, la buena fe, la excesiva onerosidad, fuerza mayor, amenaza, fuerza, dolo y error.

5. El proceso de endeudamiento del Ecuador, durante el período comprendido entre 1976 y 2006, desde la perspectiva de una continuidad estructural, se desarrolló en beneficio del sector financiero y empresas transnacionales, afectando visiblemente los intereses de la Nación. Los condicionamientos impuestos y el pago de la deuda, limitaron los derechos fundamentales de personas y pueblos, profundizando la pobreza, aumentando la migración y deteriorando las condiciones ambientales.

6. No ha existido voluntad por parte de las autoridades de gobiernos anteriores de ejercer la debida defensa de los intereses del Ecuador, quienes podían haber utilizado argumentos legales para cuestionar contratos, impugnarlos, o aún solicitar una reconsideración sobre la base del principio rebus sic stantibus (cambio fundamental de circunstancias) del derecho romano, que reconoce el mismo fundamento que el unnecesary hardship del derecho anglosajón, y las normas de la Convención de Viena.

7. Respecto de la deuda comercial:

a. Se han descubierto evidencias de ilegalidad e ilicitud en múltiples renegociaciones con la banca privada internacional, perjudiciales al Ecuador y favorables a los intereses de los acreedores; la utilización de artificios contables y la renuncia a la prescripción, seguida de la conversión de la deuda prescrita en Bonos Brady y de ésta en Bonos Global.

b. El FMI participó activamente en todos los convenios que celebró el país con la banca privada internacional, mediante su informe favorable y obligatorio, en el cual se condicionaba un acuerdo stand by que significaba complicidad con los acreedores privados y una intromisión inaceptable en la decisiones soberanas de política económica y social.

El alza unilateral de las tasas de interés a niveles exorbitantes a partir de 1979 significó una alteración fundamental de las circunstancias a que se sujetaban los contratos, infringiendo la equidad, que es uno de los principios generales del derecho, y el “equity” que es uno de los principios del derecho anglosajón al que estaban sujetos los contratos.

d. La emisión “sui generis” de Pagarés a partir de 1978, equivalente a un bono de deuda externa, y su liquidación en el exterior, realizada en el convenio ERA 83, por un monto de US$ 700 millones, representó una violación del derecho administrativo que debe regir este tipo de operaciones.

e. El traspaso al Estado de la deuda externa privada (Sucretización), ocasionó grandes pérdidas al patrimonio público; habiéndose detectado, además, abusos e indicios de ilegalidad en dicha operación.

f. Las “refinanciaciones” de la deuda comercial realizadas a partir de 1983 (ERA 83, ERA 84 y MYRA) significaron el pago directo en el exterior, por el Banco Central, de Pagarés y de obligaciones de “Contratos Originales” de entidades públicas y gobierno, asumiendo el Banco Central nuevos préstamos a su cargo por el monto liquidado. La ausencia de registro del ingreso de los recursos de esos nuevos préstamos (que en el exterior se destinaron a la misma banca privada) originó la creación de un artificio denominado “Mecanismo Complementario”.

g. La renuncia unilateral, por parte de autoridades ecuatorianas, a la prescripción de la deuda externa comercial, denominada “Tolling Agreement”, en 1992, debe considerarse un acto nulo al haberse violado la Constitución y las leyes de la República, que prohiben tal renuncia de derechos.

h. El Plan Brady significó el canje de una deuda ya prescrita, que, además, valía alrededor del 25% en el mercado secundario, por bonos con capitalización explicita de intereses, lo que configuraría anatocismo. Además, hubo la exigencia de compra de garantías colaterales representadas por bonos del Tesoro de EE UU, por un monto que correspondía a 72% del principal de la deuda comercial en su valor de mercado.

i. La “Ofertas de los bonos” de deuda externa ecuatoriana no se registraron en la SEC – Security Exchange Commission - y se efectuaron como una “Colocación Privada” bajo la “Regla 144 A”, la que permite la venta de acciones no registradas de manera privada, únicamente a compradores calificados: QIB (Qualified Institutional Buyers); y la “Regulación S”, la que no sólo prohíbe cualquier esfuerzo de venta dentro de los EEUU, sino que determina que las transacciones deben hacerse en operaciones “off-shore”.

j. Los bonos Global presentan serios indicios de ilegalidad desde su instrumentación, en el año 1999 hasta su emisión en el 2000. En primer lugar, se trató del prepago, bajo la figura de canje, de una deuda garantizada por colaterales, no canjeable (Bonos Brady Par y Descuento); luego, al incluir los bonos de “interés” (Brady PDI e IE) se incurriría en anatocismo; finalmente, se verificó que las garantías Colaterales (US$ 724 millones) fueron utilizadas para otros fines indebidos, luego de ser depositados en una cuenta en el exterior, en Salomón Smith Barney, que no fue contabilizada en el Ecuador, ni por el MEF ni por el BCE.

Además, dichos bonos Brady y los Eurobonos que también se canjearon no se encontraban vencidos, por tanto no eran exigibles. Financieramente, el canje de bonos Brady a Bonos Global contiene varios aspectos de ilegalidad y representó un serio perjuicio y daño económico y moral al Ecuador.

8. Respecto de la deuda multilateral:

a. Los organismos multilaterales de crédito FMI, BM y BID, distrajeron su misión estipulada en sus respectivos Convenios Constitutivos y promovieron sistemas de endeudamiento desleal con sus países miembros, como el Ecuador, al haberse aliado para proteger a poderosos acreedores privados. Estos organismos no tienen previsto en sus estatutos, el otorgar préstamos para pago de deudas o garantías relacionadas con las mismas.

b. El grupo de créditos multilaterales del Banco Mundial y del BID, utilizados en compras de garantías colaterales para el Plan Brady, muestran evidencias de desvíos, distorsiones y encubrimientos para usar los fondos del crédito en tales garantías y otros pagos de deudas, y no en los programas a los cuales estaban destinados en los convenios.

c. Los créditos multilaterales establecieron condicionalidades que dieron lugar al debilitamiento del Estado y su capacidad de planificación, ajustes estructurales, procesos de desregulación, privatizaciones y traslado de competencias al sector privado, perjudiciales a los intereses de la Nación, y siguiendo una matriz impuesta a los países del Sur. Esto generó inestabilidad política y continuos enfrentamientos de gobiernos con sectores sociales.

d. Las condiciones impuestas a través de los préstamos multilaterales limitaron el goce de derechos fundamentales de personas y pueblos; como los derechos a la salud, educación, trabajo, derecho a la alimentación y al ambiente sano, dando lugar a que las condiciones de vida de la población no mejoren (especialmente de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, en particular de las mujeres); al contrario, se profundizó la pobreza, aumentó la migración y se deterioraron las condiciones ambientales

9. Respecto a la deuda bilateral:

a. No se han respetado las normas aplicables vigentes en el país (Constitución de la República, LOAFYC, Ley de Régimen Tributario Interno, Código Civil, Código de Comercio), y de la legislación europea (Código Civil, Condiciones Generales de Contratación y Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores).

b. Se observan prácticas indebidas llevadas a cabo por funcionarios nacionales dentro y fuera del país sobre las cuales cabe el establecimiento de responsabilidades en las instancias que fuere pertinente. Como son: • Emprender en proyectos de infraestructura financiados con créditos externos, que una vez concluidos se trasladan al sector privado, que recibe todo el beneficio sin que se traslade concomitantemente la parte correspondiente del servicio de la deuda, el cual sigue siendo responsabilidad exclusiva del Estado y, por ende, de todo el país. • Contratos que nacieron desfinanciados a pesar de lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública. • Luego de otorgado el contrato principal de obra, se otorgó un sinnúmero de contratos complementarios al mismo constructor, lo que tuvo como consecuencia el incremento desmesurado del costo de la obra • Muchas obras no cumplen con el propósito para el cual fueron creadas; su utilidad social es muy limitada, tal el caso del plan de agua potable para Loja. Muchos de los estudios previos para la elaboración de los proyectos de inversión no contemplan impactos sociales y ambientales. • El estado terminó subrogándose la deuda por la incapacidad financiera de la unidad ejecutora para honrar la deuda, como en el caso de EPAPG.

c. Los organismos de control fallaron en su cometido. La Procuraduría y la Junta Monetaria en precautelar de forma previa a la firma del contrato, la presencia de cláusulas abusivas e inequitativas en los convenios bilaterales; la Contraloría, dentro de los informes revisados, no dice nada respecto a las inobservancias de la ley y procedimientos encontrados.

d. El Club de París, a pesar de no contar con personería jurídica, impuso condiciones en la negociación al Ecuador, tales como el sometimiento a la supervisión del FMI, para lo cual se usó la presión del grupo de países prestamistas, aprovechando la fragilidad económica y social del Ecuador en aquellas épocas, así como la falta de experticia y entereza de los equipos negociadores.

En las minutas acordadas, se encuentran evidencias de irregularidades, tales como renegociaciones que incluyen el cobro de intereses sobre intereses, prohibido por la legislación ecuatoriana. Las mismas minutas otorgan al FMI el rol de vigilantes de los intereses de los acreedores, siendo estos los mismos que dominan las decisiones del FMI.

10. Respecto a la deuda interna:

a. La emisión interna de bonos del Estado ha servido, mayoritariamente para atender el servicio de la deuda pública externa así como para cubrir requerimientos de pagos de deuda pública interna.

b. La deuda interna ha servido para cubrir ineficiencias de los grandes sectores empresariales y bancarios nacionales a quienes se benefició, primeramente, con la estatización de la deuda privada (sucretización) y, posteriormente, con el salvataje bancario.

c. La emisión y colocación de los bonos AGD transformaron al Estado, de acreedor de la banca, en deudor del Banco Central.

d. Al emitir dinero para adquirir los Bonos AGD, el Banco Central se apartó de la función de mantener la estabilidad de la moneda que le asigna la Constitución; al contrario, contribuyó a una acelerada desvalorización y posterior devaluación.

Resumen ejecutivo completo del Informe final de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana: http://www.alainet.org/images/inf_C...


Twitter Facebook RSS Youtube
Artículos relacionados

I La visión política antigubernamental de una (...)
Artículo en español: Cambiar la economía para (...)
El Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente
Sin duda un cambio ineludible para dejar atrás (...)
Resumen del foro-panel organizado por el (...)
Con motivo de la jornada global Contra la (...)
Síntesis de la intervención de Magdalena León (...)
Fedaeps - Fundación de Estudios, Acción y Participación Social
Av. 12 de Octubre N18-24, oficina 203, Quito, Ecuador • (593 2) 255 9999 • info@fedaeps.org